Espacio Asociativo

Las asociaciones son agrupaciones ciudadanas que se organizan para promever actuaciones y medidas concretas sobre asuntos de la sociedad civil.

La Diputación promueve, apoya y difunde a las asociaciones de la provincia a través de distintas actuaciones y medidas. Desde esta sección, podrás acceder a una serie de recursos, noticias y materiales de interés para las asociaciones.

FACUA lanza el primer simulador que calcula tanto el dinero de la cláusula suelo como los intereses

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado el primer simulador que permite calcular tanto el dinero cobrado fraudulentamente por la aplicación de la cláusula suelo como los intereses que también deben reclamar los usuarios. La herramienta #micláusulasuelo está disponible en la web FACUA.org/clausulasuelo.

Los usuarios que firmaron acuerdos con los bancos para eliminar o reducir el suelo también pueden conocer de forma detallada cuánto pueden reclamar, ya que en la inmensa mayoría de los casos tienen derecho a hacerlo aunque en ellos se indicase lo contrario. Con las mejoras que acaba de introducir FACUA en la herramienta, cuya primera versión lanzó en septiembre de 2013, una función da la opción de detallar desde qué fecha no se aplica la cláusula o qué nuevo tipo de interés mínimo (el suelo) se firmó con el banco en un determinado momento.

Con #micláusulasuelo, la asociación pretende ayudar a los usuarios a conocer cuál es la cantidad exacta que tienen derecho a reclamar y evitar que vuelvan a ser engañados por los bancos.

FACUA representa a miles de afectados por la cláusula suelo y el cobro abusivo de los gastos de formalización de sus hipotecas. En caso de que los bancos se nieguen a reembolsarles todo su dinero más los intereses legales, los equipos jurídicos de la asociación se preparan para interponer una batería de nuevas demandas judiciales.

Muchos hipotecados se están animando a reclamar al conocer las elevadas cantidades que han abonado de más. Para utilizar la herramienta de FACUA, el usuario sólo tiene que iniciar sesión en la web FACUA.org/clausulasuelo e introducir trece datos relativos a su contrato hipotecario. Con ellos, la aplicación calcula qué cantidad ha cobrado el banco de forma abusiva mediante la aplicación de esta cláusula y los intereses legales.

Informe detallado

Así, el consumidor obtiene un informe con la cantidad total que lleva abonada y la que hubiera pagado de no existir la cláusula, el número de mensualidades de la hipoteca hasta la fecha y cuántas se han visto afectadas por el suelo y el detalle de cada periodo anual en el que se ha aplicado.

El simulador facilita también dos cuadros de amortización de toda la vida del préstamo. Uno tal y como se ha abonado como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva y otro que refleja cómo hubiera sido si no existiese el suelo.

FACUA advierte de despachos de abogados que llegan a quedarse con todo el dinero de la cláusula suelo

Ante la avalancha de reclamaciones por la cláusula suelo y los gastos de formalización de las hipotecas, FACUA-Consumidores en Acción advierte de determinados bufetes de abogados que incurren en prácticas nada transparentes o establecen condiciones desproporcionadas. Entre ellos, despachos que llegan a quedarse con todo el dinero recuperado y también con las costas judiciales cuando el banco es condenado.

Entre las prácticas detectadas por FACUA, hay despachos cuyos contratos establecen que los usuarios les ceden las costas judiciales en caso de que el banco sea condenado y además les cobran una elevada comisión por el dinero recuperado. Comisión que en los contratos a los que ha accedido la asociación llega a alcanzar el 20% de las cantidades devueltas, incluyendo en ocasiones una cláusula por la que el abogado se queda con todo el dinero recuperado si el importe no supera los 1.800 euros.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina la retroactividad total en la devolución del dinero cobrado fraudulentamente con la cláusula suelo, FACUA indica que resulta más desconsejable que nunca firmar acuerdos con abogados por los que, a cambio de no adelantar el pago de ninguna cantidad, el usuario renuncie a recuperar las costas y se fije que el abogado se quedará con un porcentaje del dinero que se devuelva.

Sin presupuesto previo

FACUA también denuncia que hay abogados que incumplen la obligación legal de entregar un presupuesto previo por escrito. Algo que en los casos en que no se ha producido condena en costas ha derivado en ocasiones en el pago de honorarios que han llegado a estar por encima del dinero recuperado en los tribunales. En este sentido, la asociación recuerda que el usuario no sólo tiene que abonar los honorarios del abogado, sino también los del procurador, cuya cuantía debe pedir que se aclare desde el principio.

Tanto si contratan los servicios de despachos de abogados como si se ponen en manos de asociaciones de consumidores legalmente reconocidas, FACUA insta a los usuarios a pedir transparencia en los costes que les supondrá reclamar tanto extrajudicial como judicialmente el dinero pagado de más por la cláusula suelo y por los gastos de formalización de la hipoteca.

La asociación recuerda que en los últimos años se han producido abusos tanto por parte de determinados despachos de abogados como de supuestas asociaciones de usuarios con ánimo de lucro que mantenían oscuros acuerdos con la banca, como las del entramado Ausbanc. En cualquier caso, FACUA confía en que la mayoría de bufetes de abogados actúa con seriedad y transparencia, al tiempo que reclama contundencia a sus colegios profesionales en los casos en que tengan conocimiento de irregularidades que perjudiquen a los consumidores y ensucien la imagen de la profesión.

Tras la sentencia del TJUE, FACUA emplaza a la banca a devolver lo defraudado con las cláusulas suelo

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la que determina la retroactividad total en la devolución del dinero defraudado con las cláusulas suelo, FACUA-Consumidores en Acción emplaza a la banca a reembolsar a los usuarios todo el dinero defraudado.

"Si los bancos se niegan a acatar el sentencia del TJUE, seguiremos batallando en los tribunales", ha señalado el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que muestra la satisfacción de la asociación: "se ha hecho justicia, hoy es un día histórico para la lucha por los derechos de los consumidores".

"En estos momentos, la banca debe valorar si prefiere devolver amistosamente los miles de millones de euros que ha cobrado fraudulentamente con sus cláusulas suelo o va a optar por obligar a los consumidores a acudir a los tribunales, algo que agravará el colapso de los juzgados y, por supuesto, tendrá sus costes", indica el portavoz de FACUA.

FACUA espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los diecisiete presidentes autonómicos reclamen de manera pública e inmediata a la banca la devolución del dinero defraudado a todos los usuarios.

"La banca ha perdido y los consumidores hemos ganado porque el TJUE ha hecho justicia aplicando nuestras leyes", señala Sánchez, "esas leyes que obviaron tanto los gobiernos y sus organismos reguladores como las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades autónomas, permitiendo el fraude de mayor envergadura de la historia de España". Tras exigir sin éxito durante años al Gobierno que tomara medidas ante este macrofraude, FACUA denunció en 2013 a más de una veintena de bancos ante los organismos de consumo de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales se desentendieron del tema; algunas aplicaron multas, pero de cuantías absolutamente ridículas.

El portavoz de FACUA advierte de que "el Tribunal Supremo acaba de recibir un contundente correctivo tras la aberrante sentencia por la que determinó que los bancos podían quedarse con miles de millones de euros defraudados".

Sánchez recuerda que la decisión del Supremo de mayo de 2013 estableció que "la retroactividad de su sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, obviando los gravísimos trastornos sufridos por millones de consumidores al hincharse las cuotas de sus hipotecas de manera ilegal". "Las cláusulas suelo contribuyeron a aumentar el índice de desahucios", denuncia Sánchez, "y los desahucios llevaron al suicidio a muchas personas, víctimas de la codicia desmedida de los banqueros y la pasividad de nuestros Gobiernos ante sus prácticas fraudulentas".

FACUA tiene abiertos cientos de procedimientos judiciales, muchos de los cuales no han sido objeto de sentencia porque los jueces estaban a la espera del sentencia del TJUE.

FACUA tiene abiertos cientos de procedimientos judiciales, muchos de los cuales no han sido objeto de sentencia porque los jueces estaban a la espera de la sentencia del TJUE. Los usuarios pueden conocer cuánto dinero les tiene que devolver el banco por la aplicación de esta cláusula utilizando el simulador #micláusulasuelo, en la web http://FACUA.org/clausulasuelo.

Protección de los consumidores incompleta e insuficiente

En su sentencia, el TJUE estipula que la limitación de tiempo estipulada por el Supremo en su sentencia resulta una protección de los consumidores "incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas", en contra de lo que exige la Directiva 93/13.

Además, este tribunal recuerda que "la declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", concretamente mediante "la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente" por los bancos.

El Tribunal añade que teniendo en cuenta "la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión Europea", este órgano "es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión". Y concluye: "Las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales no podrán afectar a la protección de los consumidores garantizada por la Directiva".

La cláusula suelo, incluida durante años por los bancos españoles en las hipotecas de millones de usuarios, pone un límite a las bajadas del euríbor, de tal manera que los consumidores no podían beneficiarse totalmente de una rebaja de los intereses a pagar por su préstamo cuando este índice superaba (a la baja) el límite estipulado por esta cláusula

La tarifa del agua oscila hasta un 349% de acuerdo a un estudio de FACUA en 28 ciudades

La tarifa del agua varía hasta un 349,3%, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2016 en veintiocho ciudades españolas (ver tabla). Estas variaciones suponen hasta 453,60 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 15mm, entre los 48,62 euros que se pagan al mes en Alicante (la ciudad más cara en esta categoría) y los 10,82 euros de Valladolid. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

El análisis de FACUA toma como referencia una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos. Tanto los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro como los que cuentan con un contador de 15 mm pagan prácticamente lo mismo que en 2015, dado que la bajada media de precios es de apenas el 0,1%. De hecho, tan sólo siete de las ciudades analizadas han aumentado sus precios en 2016, mientras que 19 las han congelado y en dos ciudades han bajado las tarifas.

La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Este elemento está directamente vinculado con el ahorro y el despilfarro del agua y el sistema tarifario que lo contemple es más equitativo para la ciudadanía.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.

Diferencias desproporcionadas

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una tarifa de 29,34 euros al mes, Cádiz (empresa pública), 23,75 euros, Barcelona (empresa mixta), 23,48 euros, Huelva (empresa mixta), 22,44 euros y Alicante (empresa mixta), 21,98 euros.

En el otro extremo se encuentra Valladolid, con un modelo de gestión privado, que no ha modificado sus tarifas, donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, el precio del agua es de 10,82 euros al mes. Le siguen Zaragoza (gestión pública), con 11,31 euros, Salamanca (gestión privada), 12,49 euros, Logroño (gestión pública), con 13,692 euros y Pamplona (gestión pública), con 13,64 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm, las tarifas más caras mensuales son las que se abonan en Alicante, con un importe de 48,62 euros, donde tan sólo el 0,26% de la población tienen instalados contadores de 15mm, Murcia 29,34 euros y Huelva (24,31 euros), en los tres casos gestionadas por empresas mixtas.

Este mismo consumo con un contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,92 euros (sin incluir el IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).

En siete de las ciudades analizadas han aumentado los precios en 2016. En algunos casos, por modificación de las propias tarifas, mientras que en otros las tarifas se mantienen pero suben los cánones locales o autonómicos que se aplican. Las ciudades que suben sus tarifas son Pamplona (2,1%, por la subida de los cánones), Bilbao (1,5%), Jaén (1%, por la subida de los cánones), Santander (0,5%), Cádiz (0,3%, por los cánones), Huelva (0,2%, por los cánones) y Sevilla (0,2%, por los cánones).

Número de residentes de la vivienda

FACUA considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos.

En la actualidad, sólo dos de las ciudades analizadas -Málaga y Sevilla- disponen de tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda.

Sin embargo, hay algunas ciudades que a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como A Coruña y Barcelona.

En otros diecisiete municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas.

La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos. FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.

Bonificaciones

La gran mayoría de las ciudades analizadas cuentan con bonificaciones o exenciones para determinados perfiles de consumidores, en su mayoría para familias numerosas, jubilados o pensionistas y domicilios con todos sus habitantes en situación de desempleo. Tan sólo Logroño, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza no cuentan con ningún tipo de rebaja o bonificación.

Además, algunas ciudades (Alicante, Barcelona, Huelva y Málaga cuentan con un fondo social o fondo de solidaridad para ayudar con el pago de sus facturas a familias en situación de dificultad económica.

Por otro lado, algunas ciudades premian el ahorro con exenciones o descuentos (Madrid, Málaga) o el bajo consumo (Córdoba, Sevilla, Valencia)

Cánones

La mayoría de las ciudades analizadas en el estudio de FACUA incluyen, en sus tarifas, diferentes cánones, que pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de saneamiento y depuración.

Tan sólo ocho ciudades no incluyen cánones en sus tarifas: Bilbao, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza.

En seis ciudades, los usuarios pagan en 2016 más que en 2015 por el incremento de los importes de los cánones que aplican: Cádiz, Huelva, Jaén, Pamplona, Santander y Sevilla.

Diferencia injustificada en las tarifas de los calibres de contador

De las veintiocho ciudades analizadas, seis cobran precios distintos en la cuota fija de abastecimiento y/o saneamiento en función de si el calibre es de 13 o 15mm. Los importes se incrementan al aumentar el calibre en Alicante, Castellón, Granada, Huelva, Madrid y Valencia. En el caso de Alicante, hay que destacar que el número de contadores de 15 mm es del 0,26% del total de contadores.

FACUA cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones técnicas de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos técnicos de algunos operadores como el Canal de Isabel II y dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.

Así, Canal de Isabel II señala en un documento técnico que "en la práctica, desde un punto de vista constructivo, de capacidad metrológica y de transporte de aguas, los contadores de estos dos diámetros son exactamente iguales y la única diferencia entre ambos corresponde al diámetro de las roscas de conexión". Además, señala que "a veces, en algunos abastecimientos y por cuestiones históricas, los contadores de 13 y 15 mm se utilizan en viviendas de diferentes tipos".

De igual manera, una resolución de Industria de Andalucía señala que no existen razones que justifiquen la diferenciación de precios entre ambos contadores cuando no existen diferencias constructivas, ni metrológicas ni de transporte de agua.

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. En este sentido, FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas.

Por otro lado, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.

FACUA considera que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda dicha gestión de forma unitaria e integral, en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración). La regulación debe garantizar los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos.

Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

FACUA considera que también deben quedar recogidas las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarifique el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible.

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

Metodología

Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía, etc.

FACUA considera como cuotas fijas o de servicio aquellas que hay que pagar aunque no se haga uso de las mismas, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.

De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente así como el IVA.

El estudio tampoco refleja la existencia de bonificaciones a las familias numerosas para dejar fuera las penalizaciones de consumos elevados, que en estos casos resultan justificados. De igual modo, no se han tenido en cuenta las tarifas para usuarios de rentas bajas.

Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia una vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual. Además, se han establecido dos consumos medios de 10 y 20 m3, obtenidos a través de contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre.

Según la ciudad, la facturación puede realizarse de forma mensual, bimestral o trimestralmente, por lo que, al objeto de realizar el estudio, se ha calculado su equivalente mensual.

El estudio no recoge otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.

 

Ticketmaster revende entradas en su propia web al triple de su precio original, denuncia FACUA

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que Ticketmaster vuelve a revender entradas a través de Seatwave, una web de su mismo grupo. Esta vez, para los conciertos que el cantante Bruno Mars dará el 3 de abril en Madrid y el 7 en Barcelona. Lo hace desde el mismo momento en que puso a la venta las entradas: avisa de que están agotadas, pero de inmediato despliega un nuevo menú en el que esos mismos pases vuelven a estar disponibles, ahora ya a precios disparados. Y todo ello sin que el usuario tenga que salir de la propia web de Ticketmaster.

La plataforma está repitiendo el mismo protocolo que ya siguiera meses atrás con motivo de los conciertos en España de Bruce Springsteen o los Red Hot Chilli Peppers. Por ello, FACUA ha alertado tanto al Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que mantiene abierta una investigación a Ticketmaster por denuncias anteriores de FACUA, como a la Agencia Catalana del Consumo, al celebrarse uno de los dos conciertos en Barcelona, mediante sendos escritos.

El pasado marzo, con motivo de la actuación de Springsteen, la asociación ya alertó del fraude detectado en la venta de entradas que seguía Ticketmaster: mientras la web decía que los pases estaban agotados ( en apenas dos horas), cientos de ellos se ofrecían al mismo tiempo en otra también perteneciente al mismo grupo dedicada a la reventa: Seatwave. Un protocolo que incluso la propia promotora del concierto, Doctor Music, calificó de ilegal.

Es lo que ha ocurrido en el caso de las entradas para los espectáculos de Bruno Mars cuyo precio oscila entre 55 y 85 euros. Es decir, las de mayor demanda. Agotadas ya para ambas sedes, según avisa Ticketmaster nada más iniciar el proceso de compra... Pero disponibles en su web filial.

En la misma Ticktmaster se presenta de inmediato una alternativa que se despliega automáticamente en la pantalla: "Lo sentimos, no hay entradas disponibles en Ticketmaster. Puedes conseguir tus entradas en Seatwave, la web de compra y venta de entradas entre fans". Junto al mensaje, un menú donde se ofrecen las entradas que en Ticketmaster están supuestamente agotadas... eso sí, ahora a precios que parten de los 180 euros, tres veces más caras.

Suma de comisiones

Un precio desorbitado al que todavía hay que añadir una elevadísima "comisión de servicio": 33 euros por entrada, nada menos, que engorda aún más el coste final para los compradores. Se trata del segundo recargo que los pases acumulan. En la web matriz, el importe añadido en concepto de "gastos de distribución" alcanza los 25 euros. En total, por un mismo pase, Ticketmaster puede cobrar hasta 60 euros en comisiones gracias a su venta.

Dada la reincidencia de Ticketmaster, FACUA insiste a las autoridades de consumo en que apliquen sanciones a la compañía por el tráfico irregular de entradas entre sus webs. La asociación ya presentó una queja formal ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tras las anomalías detectadas en la venta de pases para Springsteen. Dicho organismo se limitó a comuncar que la competencia para investigar lo sucedido recaía en e Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que a su vez comunicó posteriormente a la asociación que abría una investigación.

Hace dos años

Hace dos años, FACUA ya denunció a la plataforma de venta online por otra irregularidad: ofertó pases para un concierto que los Rolling Stones daban también en Madrid a precios más bajos de los reales. ¿El motivo? Ocultaban que el coste final se encarecía entre 6 y 25 euros por lo que la web denomina "gastos de gestión".

A raíz de ello, FACUA remitió una denuncia contra la empresa, que tiene su domicilio social en Barcelona, a la Agencia Catalana de Consumo, que decidió abrir expediente sancionador a Ticketmaster. Sin embargo, éste se resolvió con una multa irrisoria a la plataforma, a la que se aplicó la horquilla de sanción más baja posible (de 10.000 euros como máximo) tras calificar la Agencia la infracción como "leve".

http://nomascortesdeluz.org/#

http://nomascortesdeluz.org/#

FACUA denuncia a Vodafone por incumplir una oferta en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por incumplir una oferta comercial en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama a un precio muy ventajoso. La compañía anunciaba un descuento del 50% en la tarifa Smart S y un iPhone 7 Plus o Samsung Galaxy S7 Edge a un precio reducido para las portabilidades, que canceló unilateralmente después de haberlas iniciado alegando falta de stock.

La asociación ha recibido las quejas de numerosos usuarios que pidieron la portabilidad atraídos por la publicidad a lo largo del mes de noviembre y vieron cómo, unos días después de solicitarla, la empresa decidía cancelarla unilateralmente y sin pedir el consentimiento a los nuevos clientes, alegando una falta de stock de los terminales ofrecidos. Vodafone no ofreció a los afectados ninguna alternativa para cumplir con la oferta.

FACUA se ha dirigido a Vodafone para reclamarle que cumpla y ofrezca de manera efectiva el servicio según las condiciones que había anunciado a los usuarios que habían ya iniciado sus portabilidades. Además, ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social.

La asociación recuerda que el incumplimiento de las condiciones de una oferta comercial supone una práctica engañosa y por ello desleal a las personas a las que se dirige, tal y como recoge la Ley General para la Defensa de los Consumidores (Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre). En este sentido, el artículo 61 de la citada ley indica que "el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato".

Asimismo, FACUA considera que la cancelación de los contratos por parte de Vodafone es una práctica abusiva, dado que la formalización de la oferta depende únicamente de la voluntad del empresario, que sin embargo ha exigido un compromiso firme al consumidor, dado que la oferta conllevaba una permanencia de 18 meses. Así se recoge en el artículo 85.7 de la mencionada ley.

#TimoEléctrico Las ofertas de las compañías encarecen el recibo de la luz hasta un 26,2%

Las ofertas con las que las eléctricas invitan a los usuarios a ahorrar pueden encarecer el recibo hasta un 26,2%. Así lo revela el último estudio comparativo sobre las tarifas del mercado libre realizado por FACUA-Consumidores en Acción (ver documento).

FACUA ha comparado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa semiregulada que tienen la mayoría de hogares, con tarifas ofertadas por ocho comercializadoras eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, Holaluz, Podo, Som Energía y EDP Energía.

Una vez más, la asociación destapa las trampas de las eléctricas para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que el PVPC, cuando en todos los casos analizados encarecen el recibo del usuario medio.

La asociación advierte de que la inmensa mayoría de usuarios que abandonan el PVPC lo hacen engañados por las campañas publicitarias de las eléctricas y las mentiras de sus comerciales. FACUA insiste en reclamar a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue este fraude masivo y aplique multas contundentes a las compañías.

Gas Natural Fenosa, la tarifa más cara del análisis

Con la Tarifa Estable Luz de Gas Natural Fenosa, un usuario medio (4,4 kW de potencia contratada y 366 kWh de consumo mensual) paga 83,15 euros al mes (impuestos indirectos incluidos), nada menos que un 26,2% por encima de los 65,90 euros que representa el recibo al aplicar el PVPC medio que ha estado vigente entre enero y octubre.

Los usuarios con derecho al bono social sufren un incremento muchísimo mayor en sus recibos al contratar las ofertas del mercado libre. En el caso de Gas Natural Fenosa, la factura llega a encarecerse nada menos que el 68,2% sobre la de un usuario medio con bono social, que paga 49,43 euros (siempre con las tarifas vigentes entre enero y octubre).

Las tarifas analizadas de las dos principales compañías del sector también son mucho más caras que el PVPC.

Endesa One Luz, que se presenta en su publicidad como "probablemente las mejores tarifas del mercado" para lograr "las facturas de energía más económicas" supone un encarecimiento del recibo del 14,4% para el usuario medio: 75,38 euros al mes frente a los 65,90 euros con PVPC. Con Conect@ Luz, de Iberdrola, la factura mensual asciende a 75,78 euros, un 15,0% más cara.

La oferta de Viesgo (Tarifa de luz 100% online) representa un recibo de 71,96 euros para el usuario medio (un 9,2% más caro que con el PVPC). La de Holaluz (Tarifa de Luz Un Precio Pago Sin Sorpresas) supone 75,00 euros (+13,8%). La tarifa de Podo (Fijo), 72,62 euros (+10,2%). La de Som Energía (Tarifa 2.0A Som sin discriminación horaria), 77,79 euros (+18,0%). En cuanto a EDP Energía (Fórmula luz con factura electrónica), supone 74,44 euros al mes (+13,0%).

Descuentos, pero sobre tarifas mucho más caras que el PVPC

FACUA advierte de que en muchas ofertas, las compañías confunden a los usuarios anunciando descuentos en el término de potencia o el de energía que no se aplican sobre el PVPC, sino sobre tarifas mucho más caras, o que están condicionados a la contratación de otros productos.

También hay tarifas que se limitan al primer año, para hinchar aún más los recibos a partir del segundo. Por otro lado, FACUA advierte de que no existen tarifas planas en el sector eléctrico y lo que se oferta con ese nombre es un fraude.

La asociación alerta también de las prácticas fraudulentas en las que incurren los comerciales de las grandes eléctricas, que acuden a los domicilios de los usuarios para ofrecerles descuentos de forma engañosa o hacerles creer que vienen de su misma compañía para una simple comprobación de datos. Cada vez son más los casos de falsificaciones de contratos recibidos en FACUA, donde el sector eléctrico es ya el tercero más denunciado por los consumidores.

Además, estos contratos recortan derechos de los usuarios y eliminan obligaciones impuestas a las eléctricas en distintos apartados de la normativa del sector que sólo afecta al PVPC. FACUA viene reivindicando al Gobierno que cambie la legislación para evitar esta situación.

FACUA Andalucía ve ridículo el presupuesto andaluz para luchar contra los fraudes y abusos en 2017

FACUA Andalucía considera absolutamente ridículas las partidas del presupuesto que la Junta pretende aprobar para la lucha contra los fraudes y la protección de los consumidores para 2017. Ante una caída del 3,3% de la partida destinada a este fin, la federación valora que seguirán aumentando los desequilibrios y abusos de las empresas.

Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía para presentar las valoraciones de la federación como parte del proceso de aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017. La comparecencia completa está disponible en este enlace (Comparecencia).

"Si ya era precario el presupuesto en estos años, el de 2017, con la reducción del 3,3%, no permitirá mejorar la protección de los consumidores", ha indicado Ruiz. "No destina más recursos ni tan siquiera a mejorar la acción administrativa, ni tampoco para reforzar el papel de las organizaciones de consumidores". Además, "son unos pobres presupuestos para unos pobres objetivos en materia de protección al consumidor, que no reflejan ni tan siquiera la voluntad política de avanzar, de dar, aunque sea pequeño, un paso cualitativo en la protección de las personas consumidoras en Andalucía".

El programa específico de consumo presenta una dotación presupuestaria para 2017 de 14.714.423 euros, esto es, un 3,3% menos que en 2016. No recupera, por tanto, los niveles anteriores a la crisis, dado que no iguala ni siquiera la partida presupuestaria de 2009.

"Andalucía se encuentra en estos momentos sin auténticas políticas públicas de protección a los consumidores. Carece de modelo, carece de planificación y operativa y sobre todo carece de recursos para abordar una tarea que cada vez es más ardua y compleja y que está contribuyendo a que la brecha de la desigualdad sea cada vez mayor", ha añadido la presidenta de FACUA Andalucía en su comparecencia.

A juicio de la federación, la caída del presupuesto hará que se profundice en la tendencia que se viene produciendo en los últimos años: incremento de los fraudes, incrementos del desequilibrio entre el poder económico y los consumidores y la generación de más pobreza y exclusión. "Los fraudes y abusos sacuden con fuerza a los más débiles y vulnerables y son ellos quienes están más desprotegidos", ha recordado Ruiz.

"La desprotección de los consumidores se ha convertido en un factor clave de nuestro sistema económico como instrumento al servicio del beneficio o la propia continuidad de las empresas, y como factor resultante del retroceso de administraciones y gobiernos. No es casual, por tanto, la judicialización cada vez mayor de los conflictos de consumo", ha valorado Ruiz.

Propuestas: aumento del presupuesto y refuerzo del control del mercado

Frente a la raquítica partida presupuestaria prevista por la Junta para 2017 y ante la falta, por tanto, de acción real en la protección de los consumidores, FACUA Andalucía ha detallado en su comparecencia una serie de propuestas para paliar la situación actual, que pasan, obviamente, por un aumento de la partida destinada a este fin, pero también, por el refuerzo del control que se ejerce sobre el mercado, con un mayor número de inspecciones y de tramitaciones de expedientes sancionadores a la empresas incumplidoras.

La federación considera que se debe mejorar, revisar y actualizar el procedimiento y régimen sancionador y sus cuantías, de tal manera que se garantice que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a las conductas que atentan contra los derechos de los consumidores. Las sanciones, además, deben de cobrarse (dado que en muchos casos no ocurre en la actualidad) y contribuir a reforzar las políticas de protección de los consumidores.

Asimismo, es prioritario que se garanticen los suministros básicos, como el agua o el suministro eléctrico, especialmente en el caso de las familias más vulnerables, desde el reconocimiento de derechos y no desde el asistencialismo.

También es fundamental impulsar y revitalizar los órganos de participación social, con dotación de recursos suficientes para permitir un seguimiento y control real de la ejecución de las políticas públicas y un mayor reconocimiento al movimiento consumerista, que contribuya en mayor medida a poner freno a los abusos.

FACUA prepara una batería de denuncias contra empresas que usan líneas 902 para la atención al cliente

FACUA-Consumidores en Acción prepara una batería de denuncias contra empresas que obligan a llamar a prefijos 902 y 901 como teléfonos de atención al cliente. La asociación advierte de que el uso de estas líneas, que hinchan las facturas de los usuarios, vulnera la legislación estatal y europea.

FACUA insta a las empresas que usan estos teléfonos a que procedan a su inmediata sustitución por numeraciones fijas con prefijo geográfico o móviles. Además de implicar un precio muy superior al de las llamadas realizadas desde móviles a líneas convencionales, las comunicaciones con prefijos 902 y 901 no están incluidas en los bonos y tarifas planas de los contratos de telefonía fija y móvil.

Bancos, aseguradoras, aerolíneas, compañías de telecomunicaciones, grandes superficies comerciales, empresas alimentarias, de transportes, suministradoras de agua... Multitud de empresas de una larga lista de sectores utilizan estas líneas, que la normativa de telecomunicaciones define como de "tarificación especial". En muchos casos, lo hacen porque reciben de sus compañías de telecomunicaciones una remuneración por las llamadas recibidas, una práctica fraudulenta claramente prohibida por la legislación. En febrero de 2015, FACUA denunció por estas prácticas a 16 compañías ante las autoridades de consumo y telecomunicaciones, que no le han comunicado actuaciones al respecto.

FACUA advierte además de que, independientemente de que se lucren o no con ellas, las empresas que utilizan estas líneas contravienen el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En su artículo 21, relativo a los servicios de atención al cliente, dicha norma establece que "en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica". El texto transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea de derechos de los consumidores (Directiva 2011/83, de 25 de octubre de 2011).

El abogado del TJUE advierte de su ilegalidad

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar ha manifestado esta semana que considera ilegal el uso de este tipo de líneas de alto coste. Lo ha hecho después de que el Tribunal Regional de Stuttgart (Alemania) plantease una cuestión prejudicial ante el TJUE para aclarar si la directiva sobre los derechos de los consumidores prohíbe la utilización de teléfonos de atención al cliente cuyas tarifas superan las que los usuarios pagan por llamadas a líneas fijas con prefijos geográficos o números móviles estándar.

En sus conclusiones, leídas este 10 de noviembre, el abogado general propone al TJUE que responda afirmativamente a la cuestión planteada por el tribunal alemán. Szpunar recuerda que, según la directiva, los Estados miembros deben velar por que, cuando un comerciante opere una línea telefónica para que los consumidores puedan ponerse encontacto con él en relación con el contrato celebrado, aquéllos no se vean obligados a pagar un precio superior a la "tarifa básica".

Esto significa, según el Abogado General, que los costes facturados al consumidor no deben ser superiores a los de una llamada estándar a los precios normales demercado. Por lo tanto, los costes facturados al consumidor no pueden superar los costes habituales que se le habrían facturado por una llamada a un número de teléfono fijo (geográfico) o móvil estándar.

En efecto, un precio superior al abonado por una llamada a una línea telefónica ordinaria, debido a los costes adicionales generados, podría disuadir a los consumidores de ponerse en contacto con el comerciantepara cuestiones relativas, por ejemplo, a la fecha de entrega, a la facturación o a la garantía.

Según el abogado general, la Directiva establece una presunción absoluta de que el servicio de atención telefónica está incluido en el precio pagado por el consumidor, de modo que el uso de un teléfono sujeto a tarifas especiales equivaldría a hacerle pagar costes adicionales por el mismo servicio. El Abogado General añade que la cuestión de si el comerciante percibe o no una parte del precio que el consumidor paga por la llamada -algo que está expresamente prohibido en la legislación española- es en cualquier caso irrelevante para la respuesta que propone.

Las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del abogado general consiste en proponer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con absoluta independencia, una solución jurídica alasunto del que se ocupa. Los jueces del TJUE comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto para dictar la sentencia.

Un juez declara desproporcionada la 'multa' que cobra Vodafone Ono por el retraso en los pagos

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Monzón (Huesca) considera desproporcionada la penalización que Vodafone Ono cobra a sus clientes cuando se retrasan en el pago de una factura. Por este motivo, la sentencia condena a la compañía a devolver a un usuario los 303,84 euros que le cobró por este motivo, más los 21,32 euros de los gastos derivados de la reclamación que interpuso a la compañía, además del incremento del interés legal del dinero desde que el afectado denunció a la empresa.

Tras la campaña que puso en marcha FACUA-Consumidores en Acción contra este tipo de abusos llevados a cabo por las empresas de telefonía, su socio Ilich Luis A. M. decidió acudir a los tribunales en Monzón (Huesca) y denunciar su caso.

El juzgado de Monzón considera que no es incorrecto que la empresa cobre a los clientes cuando se retrasen en el pago de las facturas, tal y como se recoge en las condiciones generales del servicio de la empresa, pero las cantidades cobradas deben responder a gastos generados por la citada situación de retraso en el pago de la factura, como puedan ser gestiones, gastos financieros o de otro tipo.

El juez considera, sin embargo, que "no se han acreditado los servicios o perjuicios que los supuestos impagos generaron a Vodafone Ono" ni tampoco que el impago se haya producido. Por lo tanto, no se pueden "facturar cuantías sin que respondan a un coste efectivo o a un perjuicio real sufrido por la entidad", añade la sentencia.

FACUA denunció en 2013 este tipo de prácticas (penalizaciones por devolver un recibo, retrasarse en el pago o reestrablecer el servicio tras una suspensión temporal) por ser excesivas y desproporcionadas, sin que hasta la fecha haya obtenido ningún tipo de respuesta o resolución de las autoridades ante las que presentó sus denuncias: el extinto Instituto Nacional de Consumo (INC) -hoy integrado en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan)- y la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi). El organismo de Consumo se limitó a indicar, al recibir la denuncia de FACUA, que ya tenía iniciadas actuaciones sobre esta cuestión, sin que hasta la fecha hayan informado de en qué han derivado dichas acciones.

Por su parte, la Setsi simplemente remitió a la asociación el informe elaborado por las compañías denunciadas (Movistar, Orange, Vodafone, Ono y Yoigo) como respuesta a la denuncia presentada.

Por último, las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, que también recibieron denuncias de FACUA, se limitaron a derivar las denuncias al INC.

Penalizaciones excesivas y desproporcionadas

En sus denuncias de 2013, FACUA advirtió de que las cuantías de las penalizaciones que las compañías telefónicas imponen por impagos, retrasos o restablecimiento del servicio tras una suspensión temporal son excesivas y no resultan proporcionales a los perjuicios que las compañías puedan sufrir por este tipo de situaciones.

Asimismo, la asociación destacó el desequilibrio existente entre los derechos y obligaciones de los usuarios y las operadoras, ya que cuando éstas incurren en incumplimientos de los servicios contratados no indemnizan con las mismas cantidades a sus clientes.

FACUA considera que estas penalizaciones son abusivas por ser desproporcionadas las cantidades que se cobran, conforme a lo establecido en el artículo 80 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Entre otros, el artículo 82.1 del texto define como cláusulas abusivas las que "causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Además, aunque las cantidades con las que penalizan se ajustaran a los perjuicios sufridos por las compañías, al no aclararlas en los contratos siguen vulnerando el artículo 89 del Real Decreto Legislativo, que considera abusivas "las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato".

Modelo de reclamación

FACUA insta a los usuarios afectados a que denuncien estas prácticas ilegales ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas. Para ello, ha dispuesto un formulario de reclamación que puede ser utilizado por los usuarios que quieran denunciarlas:

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FACUA Cádiz forma a alumnos de enseñanza secundaria sobre el ahorro de energía en los hogares

FACUA Cádiz forma a alumnos de enseñanza secundaria sobre el ahorro de energía en los hogares

En centros de enseñanza de Medina Sidonia

FACUA Cádiz, en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Diputación provincial, va a impartir un taller sobre el ahorro de energía en los hogares a alumnos de enseñanza secundaria de los IES San Juan de Dios y Sidón del municipio de Medina Sidonia. Los talleres, catorce en total, se iniciaron el pasado 17 de octubre y está previsto que finalicen el próximo día 18 de noviembre

FACUA Cádiz recuerda que el consumo de energía en las familias no para de crecer, lo que se encuentra originado, fundamentalmente, por la instalación de nuevos equipos ¿ aires acondicionados, vitrocerámicas, cepillos de dientes eléctricos, etc.- junto con la adopción de unas pautas cotidianas de consumo de cierto derroche, como dejar las luces encendidas en habitaciones vacías o mantener el stand by de los aparatos electrónicos. Todo ello también supone para las familias un incremento del coste de, entre otros gastos, los correspondientes a los suministros de agua y electricidad.

La Asociación señala que, en cualquier casa, podemos encontrar alrededor de una veintena de aparatos eléctricos, utensilios que se adquieren, en principio, para que la vida sea más fácil y cómoda, y, con ello, tener que dedicar menos tiempo a las tareas domésticas.

Sin embargo, no debemos olvidar que estos  aparatos que requieren importantes cantidades de materias primas, materiales (plásticos, metales, goma, embalajes, etc.) y energía para su fabricación y que,  además, finalmente, suelen tener una vida relativamente corta. Normalmente, tras una avería de estos pequeños electrodomésticos la mayoría de los consumidores opta por comprar otro más moderno, ya que su reparación suele ser más cara, creando, de esta forma, directamente residuos difíciles de aprovechar.

Frente al consumismo y al despilfarro que se ha impuesto en la denominada sociedad de consumo, FACUA Cádiz propugna hábitos responsables en la producción y en el consumo. Con estos talleres, FACUA Cádiz pretender concienciar a los alumnos de la necesidad de adoptar pautas de conductas de consumo energético responsable que, entre otras cosas,  les permitan ahorrar energía sin que ello les suponga una disminución del grado de confort del que disfrutan.

A tal efecto, durante el taller se les enseñará, entre otras cuestiones, cómo pueden ahorrar en el uso de electrodomésticos y aparatos electrónicos, a valorar e incrementar la eficiencia energética de las viviendas, y, a adoptar pautas de consumo responsable en el transporte.

 

 

La luz ha subido un 24,6% en los últimos seis meses: 14,75 euros para el usuario medio

En seis meses, la evolución al alza ha sido del 24,6%: el recibo del usuario medio ha subido nada menos que 14,75 euros con respecto a abril, cuando estaba en 60,03 euros. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. En octubre, la factura subió por sexto mes consecutivo: el incremento de este último mes ha sido del 8,4%, el segundo mayor en lo que va de año, y sitúa la factura mensual media en 74,78 euros (impuestos indirectos incluidos).

La subida de octubre se suma a las del 1,5% de septiembre, el 0,9% de agosto, el 1,6% de julio, el 9,6% de junio y el 0,8% de mayo, después de un comienzo de año en el que se produjeron sucesivas disminuciones en el recibo gracias al mayor peso que tuvieron las renovables.

El recibo está ya muy cerca de los 76,81 euros que alcanzó el pasado diciembre. FACUA advierte además de que las bajadas que se produjeron en los cuatro primeros meses del año no compensaron en absoluto la gran subida que se produjo durante la legislatura 2012-2015, un 16,2% que representó 500 euros acumulados para el usuario medio.

El precio del kWh sube un 36,5% en seis meses

FACUA realiza sus estudios a partir de la tarifa PVPC aplicada en domicilios cuyos contadores aún no tienen la tarificación por horas. En ellos utiliza un perfil de usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh mensuales, la media en España según un análisis de la asociación sobre varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.

El recibo del usuario medio se situó en 74,78 euros en octubre, siempre en los casos de usuarios con contadores sin la tarificación por horas. En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh supuso durante el mes pasado una media de 15,07 céntimos (11,85 más impuestos), un 36,5% más caro que seis meses atrás. FACUA recuerda que cuando se aplica un precio distinto cada hora, las tarifas suelen ser globalmente más elevadas, ya que en las horas de mayor consumo el kWh es más caro. En cuanto a la tarifa por la potencia contratada, se mantiene en 4,46 euros por kW al mes (3,50 más impuestos).

FACUA reclama diálogo al nuevo Gobierno

FACUA insiste en reclamar un cambio radical en el sistema tarifario, donde las elevadas tarifas son fruto de la especulación de las grandes eléctricas en el mercado mayorista. Además, la asociación denuncia que los últimos gobiernos no han garantizado el imperativo de proteger a los consumidores vulnerables, tal y como establece la normativa europea. El fallido bono social ha sido en los últimos años una auténtica pantomima: inaccesible para multitud de familias sin recursos debido a que su acceso no se establece sobre la base de criterios de renta.

En este sentido, FACUA reclama al nuevo Gobierno del PP que dialogue con el conjunto de partidos y con las organizaciones de defensa de los consumidores para rediseñar la política energética, que sólo viene beneficiando a las grandes compañías del sector. Así, exige medidas para reducir los dramáticos niveles de pobreza energética, que llevan muchos años abocando a tantas familias a sufrir cortes de suministro, especialmente graves en épocas de temperaturas extremas. Ante la llegada del frío, el Ejecutivo debería garantizar, demanda la asociación, que ninguna familia se quede sin luz si no tiene capacidad para pagarla.

La sentencia del Supremo del bono social deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno

FACUA-Consumidores en Acción considera que la sentencia del Supremo que tumba el sistema de financiación del bono social eléctrico deja en evidencia el fracaso del modelo energético que mantiene el Gobierno, heredero de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad. La decisión del alto tribunal vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema que es continuamente cuestionado en los tribunales, algo que encarece continuamente el servicio y que por lo tanto convierte a los consumidores, la parte más vulnerable, en los principales perjudicados, más aún en este caso, cuando se trata precisamente de dar cobertura, a través del bono social, a la población más desprotegida y en riesgo de padecer exclusión energética.

En su sentencia, el Supremo considera que no está suficientemente justificado el sistema de financiación del bono social, que recae sobre determinadas empresas, obligadas a financiar el descuento que se realiza en la factura de la luz a las familias con menos recursos económicos. La sentencia recoge, además, que ahora habrá que devolver las cantidades que las compañías afectadas han aportado para este sistema con intereses.

El Supremo valora que, dado que el sector eléctrico está liberalizado y en él operan empresas privadas en un sistema de libre competencia, las obligaciones de servicio público que el Gobierno quiera imponerles tienen que estar claramente definidas, justificas, ser transparentes, no discriminatorias y controlables.

FACUA recuerda que es la segunda vez que el Supremo tumba el sistema de financiación del bono social. Ya ocurrió en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba (en vigor desde 2009) y tuvo que ser modificado. Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora se ha vuelto a anular.

La asociación entiende que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social. El hecho de que las decisiones legislativas que toma el Gobierno en este sector sean sistemática y continuamente recurridas en los tribunales por las grandes multinacionales que operan en el mercado español, es buena muestra de ello. Tanto el sistema de financiación de las energías renovables como el modelo de establecimiento de la tarifa regulada de la luz han sido previamente denunciados por las empresas, a lo que ahora se suma el sistema de financiación del bono social.

Este estado permanente de litigio provoca un encarecimiento de un servicio con el que los consumidores están profundamente en descontento, tanto por el desproporcionado coste de la electricidad como por las continuas irregularidades que cometen las compañías, valora FACUA.

La asociación considera evidente que el proceso de liberalización del sector eléctrico llevado a cabo desde la última legislatura de Felipe González no ha servido para beneficiar a los consumidores, que ven cómo aumenta desproporcionadamente la factura de la luz y cómo es cada vez más complicado acceder a un servicio esencial como este, en el que no hay información suficiente sobre cómo se factura, sobre las empresas que operan en el sector y en el que constantemente se están cometiendo irregularidades que terminan repercutiendo siempre sobre los más vulnerables.

Un sistema de acceso excluyente

FACUA recuerda que, además, el sistema para poder ser beneficiario del bono social es excluyente e impide el acceso a numerosas familias en riesgo de exclusión. Así lo denunció la asociación en 2014.

Si bien con anterioridad se trataba de un precio fijo, a partir de 2014 pasó a ser un descuento sobre la tarifa semirregulada, por lo un bono que pretendía asistir a las familias más vulnerables y con dificultades para acceder al sistema, quedaba sujeto a las oscilaciones del mercado: cuando sube el precio de la luz, sube el precio del bono social.

Para acceder al descuento de un 25% sobre la tarifa semirregulada (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC) hay que tener contratada una potencia inferior a 3,3 kW o, en el caso de que sea menor de 10 kW, encontrarse en uno de estos tres supuestos: ser pensionista con prestaciones mínimas y más de 60 años de edad, ser familia numerosa o vivir en un hogar en el que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.

Además, el sistema establece un criterio de renta máxima para poder acceder al descuento. El máximo de ingresos está en el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros). Si en el hogar vive más de una persona, para la segunda persona el tope está en el 70% del salario mínimo (7.588 euros) y para la tercera y siguientes, el 50% (5.420 euros). Esto es, una familia con dos personas que reciben una pensión y la pensión es el 75% del salario mínimo quedaría fuera de poder solicitar la ayuda.

FACUA Cádiz alerta nuevamente de fraudes en las revisiones de las instalaciones de gas butano

Desde principios de esta semana, FACUA Cádiz está atendiendo quejas de vecinos de San Fernando que le denuncian que han recibido la visita en sus domicilios de empleados de una empresa instaladora de gas que pretenden de revisar sus instalaciones sin que se ello les haya sido solicitado.

Hay igual que en casos anteriores,  los operarios se personan en las viviendas argumentando que se trata de una revisión obligatoria a la que los usuarios no pueden negarse y que, por ello, se les debe permitir el acceso. Una vez dentro del domicilio, cobran importes desorbitados por sus servicios.

FACUA Cádiz recomienda que no se permita la entrada a los domicilios a ninguna empresa que nos visite sin que se lo hayamos solicitado, y que no atendamos a las excusas o justificaciones que los operarios puedan utilizar para convencernos de lo contrario. En caso de que insistan en ello, esta organización recomienda que solicitemos la presencia de la Policía.

A aquellos usuarios que hayan sido víctimas de este fraude, esta organización les insta a presentar una denuncia contra la empresa ante el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. En caso de que los trabajadores hayan incurrido en conductas susceptibles de ser consideradas como amenazas o coacciones también es conveniente denunciar el caso ante la Policía.

FACUA Cádiz recuerda que el usuario está obligado a revisar la instalación de gas butano cada cinco años, debiendo requerir, para ello, los servicios del instalador autorizado que libremente elijamos, no siendo obligatorio ni necesario encargar este cometido al que nos haya visitado sin que se lo hayamos solicitado.

Finalmente, la Asociación recuerda que los usuarios pueden seguir comunicándole sus dudas y quejas respecto de esta cuestión, para lo que pueden contactar con esta organización, entre otras formas, a través del Teléfono del Consumidor de FACUA Cádiz, 956 259 259, o de su web http://www.facua.org/cadiz.

 

 

FACUA Cádiz reclama a la Junta de Andalucía que recupere la gestión pública de los servicios concertados con los hospitales del Grupo Clínicas Pascual

FACUA Cádiz reclama a la Junta de Andalucía que recupere la gestión de los servicios sanitarios que, desde hace años, prestan, en virtud de un concierto suscrito con la Consejería de Salud, los hospitales del Grupo Clínicas Pascual.

Recientemente, el Delegado en la provincia de Cádiz del gobierno andaluz, Fernando López Gil, confirmaba, durante el transcurso de una comparecencia ante los medios de comunicación, que esta administración está intentando nuevamente alcanzar un acuerdo con dicha empresa, tras haber finalizado el concierto que se mantenía con la misma y tras la decisión de ésta de no concurrir a los concursos convocados por la Consejería de Salud.

A su vez, López Gil afirmaba que el acuerdo con el Grupo Pascual era positivo para la provincia, y señalaba que si, finalmente, el mismo no fuera posible, se optaría por otras fórmulas de gestión.

FACUA Cádiz discrepa con la postura del Delegado del Gobierno de la Junta y, por el contrario, mantiene que el concierto con el Grupo Clínicas Pascual no sólo no ha resultado beneficioso para la provincia de Cádiz sino que la ha perjudicado, dado que, al optar por esta fórmula de gestión, la administración andaluza no ha efectuado las inversiones necesarias lo que provoca que, actualmente, se padezca el déficit que la propia administración reconoce y que, atendiendo a las declaraciones de López Gil, parece que le impone la necesidad de renovar el acuerdo con la mencionada empresa.   

La Asociación de Consumidores denuncia que el concierto de servicios públicos sanitarios con el sector privado de forma indefinida y, como en el caso del suscrito con el Grupo Pascual, de manera generalizada (asistencia hospitalaria general y no sólo algunos servicios) no es otra cosa que privatizar la sanidad pública.

Por ello, lamenta que el partido actualmente en el gobierno autonómico se oponga en otras Comunidades Autónomas a la privatización del sistema sanitario y, en nuestra provincia (que es la que mantiene un mayor número de hospitales concertados de toda la comunidad autónoma),  defienda esta opción.

En lugar de ello, FACUA Cádiz reclama que se recupere la gestión pública de la sanidad, lo que, según esta organización, resulta mucho más rentable económicamente para las arcas públicas y, a su vez, permite que el objetivo sea la mejora continua de la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios, sobre los que la administración pública puede ejercer un mayor y mejor control que cuando éstos son dispensados desde una empresa privada. 

Para la Asociación resulta paradójico que la Consejería de Salud esté tramitando un expediente  contra el Grupo Pascual por la campaña puesta en marcha por el mismo sobre las listas de espera en el SAS,  que la propia Junta de Andalucía llegó a calificar como ¿inadmisible¿, y que, a pesar de ello, se esfuerce en recuperar el acuerdo.

Por ello, FACUA Cádiz reclama a la Junta que no sólo renuncie de una vez por todas a prolongar el concierto con el grupo Pascual sino que, además, también descarte que los servicios que actualmente le presta este Grupo se adjudiquen a otras empresas privadas.

FACUA reclama una ley que regule los servicios de atención al cliente

Acabar con el sobrecoste de las líneas 902, paralizar el cobro de las facturaciones sobre las que haya descuerdo hasta que se resuelvan las quejas y establecer compensaciones económicas cuando se sufren irregularidades en la facturación o retrasos en las respuestas a las reclamaciones. Son tres de las diez reivindicaciones que plantea FACUA-Consumidores en Acción en la necesaria regulación de los servicios de atención al cliente, sobre los que los últimos gobiernos de PSOE y PP anunciaron leyes que nunca vieron la luz.

Los cambios que reclama la asociación están recogidos en El servicio de atención al cliente perfecto: 10 compromisos que las empresas deberían asumir, título del nuevo capítulo de Timocracia, editado por FACUA y su Fundación. Se trata del segundo libro del periodista Rubén Sánchez, portavoz de la asociación, que se publica gratis y por entregas en la web Timocracia.com. En él se enumeran 300 trampas con las que empresas y gobiernos toman el pelo a los consumidores.

FACUA denuncia que los graves abusos que se dan en numerosos sectores empresariales hacen necesaria una ley que establezca parámetros de calidad en sus servicios de atención al cliente y la obligación de abonar compensaciones económicas a los usuarios que no reciban respuestas a sus reclamaciones en determinados plazos. Además, la asociación reclama que la solución a los abusos no se limite a devolver las cantidades cobradas indebidamente o el cumplimiento de las ofertas comerciales y los contratos, sino que impliquen el pago de indemnizaciones a los consumidores para que se vean realmente resarcidos por los perjuicios causados.

Llamamiento a las fuerzas políticas

Así, la asociación insta a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a que impulsen la aprobación de una ley de servicios de atención al cliente y que su contenido recoga las reivindicaciones de las organizaciones de consumidores. Los intentos de poner en marcha una ley de estas características por anteriores gobiernos fueron frenados, entre otros motivos por la presión de distintos sectores empresariales.

FACUA advierte de que uno de los grandes abusos que sufren los consumidores es el uso de líneas 902 por parte de una larga lista de empresas de todos aquellos sectores donde la ley no obliga a tener números gratuitos de atención al cliente. FACUA advierte de que la legislación establece que las llamadas a estos teléfonos no pueden suponer un coste superior al de la "tarifa básica", pero las autoridades de consumo y telecomunicaciones no han intervenido para interpretar qué significa eso, por lo que los usuarios siguen sufriendo el elevado que representan estas llamadas, que además no están incluidas en los bonos y tarifas planas de las compañías de telefonía.

Otro de los problemas que padecen multitud de usuarios es que los servicios telefónicos de atención al cliente e información comercial no les envían por escrito confirmación de la apertura de sus reclamaciones con un resumen de las mismas. Esto provoca que muchas quedan sin respuesta y cuando los consumidores vuelven a llamar para preguntar los motivos, les contestan que no existe constancia de que nunca se formulasen esas quejas.

Anulado otro cargo de Iberdrola a un usuario por alterar supuestamente su contador: le pedía 3.130 euros

El Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia ha anulado un cargo de 3.130 euros que Iberdrola reclamó a un usuario tras responsabilizarle de la supuesta manipulación de su contador.

Así lo ha estipulado dicho organismo después de estimar la denuncia de FACUA Comunidad Valenciana, que alertó a la Consellería de Industria de que uno de sus socios, R.A.O., había recibido un aviso de cobro por parte de la compañía eléctrica a consecuencia de una alteración en el contador que le atribuía a él mismo.

La resolución justifica su veredicto en el hecho de que "al estar los equipos en recintos donde el consumidor no tiene acceso exclusivo, cualquier alteración de los mismos no puede imputarse al usuario sin antes desplegar una completa actividad de investigación", lo que genera al afectado una situación de "indefensión".

"No consta que se notificara al interesado la fecha y hora de la realización de la inspección, no estando presentes en la misma testigos o agentes de la autoridad que refrenden la manipulación alegada por la empresa distribuidora, la cual se subsana de inmediato, quedando como única evidencia la propia acta suscrita por el personal de la empresa", añade la resolución.

FACUA viene denunciando multitud de casos de usuarios afectados por este tipo de prácticas fraudulentas por parte de las eléctricas, no sólo de Iberdrola. Entre las resoluciones más significativas de las que ya se acumulan a favor de los afectados, destaca la devolución a otra socia de FACUA de 1.848,60 euros, también por parte de Iberdrola, tras imputar ésta a la afectada la manipulación de su contador en su segunda residencia de Alicante. En este caso, fue el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el organismo que instó a la empresa a la devolución del importe cobrado indebidamente, ya que la alteración del aparato resultó ser falsa.

Varios precedentes

O también la notificada el pasado mes de junio, en la que un juez de Madrid dio la razón a otro socio de FACUA tras una reclamación similar. En este caso, la sentencia dejaba sin efecto el recibo de 1.178 euros que la eléctrica exigía a su cliente con idéntico pretexto. El juicio, por cierto, se había abierto a instancias de la propia Iberdrola, que acabó acatando el fallo contrario a sus intereses y viéndose obligaba a anular el cargo.

La asociación viene pidiendo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que promueva sanciones a las principales eléctricas (Endesa y Gas Natural Fenosa, además de la propia Iberdrola) por responsabilizar a los consumidores de falsas manipulaciones de contadores, y de lucrarse con ello.

De hecho, la legislación del sector establece el pago de incentivos a las eléctricas por los casos de fraudes que detecten. En este sentido, la CNMC ya ha reconocido la necesidad de revisar ese actual sistema de incentivos proponiendo que sean las propias eléctricas las que sufraguen las pérdidas por ese concepto, y no el consumidor final

La bombona de butano, un 22% más cara durante el Gobierno de Rajoy que en la segunda legislatura de ZP

Los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluidos los diez meses que lleva en funciones, han sido un 21,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, según pone de manifiesto un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción.

El estudio de FACUA revela que el precio de la bombona de 12,5 kg. ha pasado de los 12,86 euros de media que supuso a lo largo del segundo Gobierno de Zapatero a los 15,67 euros que ha costado en el de Rajoy hasta este 19 de septiembre.

Este martes día 20 entra en vigor un nuevo precio máximo para el butano, de 11,73 euros, un 4,1% por encima de los 11,27 euros vigentes desde el pasado 19 de julio.

Ha pasado de 12,86 a 15,67 euros

Durante los 1.735 días que han transcurrido desde la investidura de Rajoy, los precios máximos de la bombona de butano han cambiado dieciséis veces (dos de ellas por la introducción del impuesto de hidrocarburos y la subida del IVA del 18 al 21%). Prorrateados en función del número de días que han estado en vigor cada uno de ellos, el precio medio durante este Gobierno del PP (hasta este 19 de septiembre) ha sido de 15,67 euros

En el segundo Gobierno de Zapatero los precios máximos cambiaron en trece ocasiones (uno de ellos por la subida del IVA del 16 al 18%). El análisis de FACUA revela que el precio medio fue de 12,86 euros, un 19,1% más caro que durante la anterior legislatura del presidente socialista; en ella cambiaron doce veces los precios máximos y el importe medio fue entonces de 10,80 euros.

Máximo histórico de 17,50 euros

El máximo histórico de la bombona de butano han sido los 17,50 euros que tuvieron que pagar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (672 días). El precio más alto que tuvo la bombona durante los gobiernos de Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

FACUA reclama otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores.

La bombona, durante la segunda legislatura de Zapatero

- 11 de abril de 2008 (investidura): 14,20 euros (81 días)

- 1 de julio de 2008: 13,86 euros (184 días)

- 1 de enero de 2009: 13,60 euros (90 días)

- 1 de abril de 2009: 10,57 euros (91 días)

- 1 de julio de 2009: 10,58 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2009: 10,79 euros (92 días)

- 1 de enero de 2010: 11,16 euros (90 días)

- 1 de abril de 2010: 11,78 euros (91 días)

- 1 de julio de 2010: 12,55 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2010: 12,89 euros (92 días)

- 1 de enero de 2011: 13,30 euros (90 días)

- 1 de abril de 2011: 14,10 euros (91 días)

- 1 de julio de 2011: 14,90 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2011: 15,19 euros (81 días)

Precio medio: 12,86 euros

La bombona, durante el gobierno de Rajoy

- 21 de diciembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 días)

- 1 de abril de 2012: 15,64 euros (91 días)

- 1 de julio de 2012: 16,55 euros (62 días)

- 1 de septiembre de 2012: 16,97 euros (30 días)

- 1 de octubre de 2012: 16,20 euros (92 días)

- 1 de enero de 2013: 16,33 euros (84 días)

- 26 de marzo de 2013: 17,13 euros (49 días)

- 14 de mayo de 2013: 17,50 euros (672 días)

- 17 de marzo de 2015: 15,81 euros (63 días)

- 19 de mayo de 2015: 14,12 euros (56 días)

- 14 de julio de 2015: 13,42 euros (63 días)

- 15 de septiembre de 2015: 12,76 euros (63 días)

- 17 de noviembre de 2015: 12,68 euros (63 días)

- 19 de enero de 2016: 13,11 euros (56 días)

- 15 de marzo de 2016: 12,47 euros (63 días)

- 17 de mayo de 2016: 11,85 euros (63 días)

- 19 de julio de 2016: 11,27 euros (63 días)

- 20 de septiembre de 2016: 11,73 euros

Precio medio: 15,67 euros

El medicamento para niños Dalsy omite en su prospecto algunos efectos secundarios, advierte FACUA

FACUA-Consumidores en Acción ha notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMPS) que el ibuprofeno Dalsy 20 mg/ml suspensión oral, indicado para niños de tres meses hasta los 12 años, omite en su prospecto otros efectos secundarios relacionados con la capacidad psicomotriz de los menores que podrían llegar a sufrir los que lo consuman.

En su escrito, la asociación ha advertido a la AMPS de que el medicamento contiene un colorante amarillo anaranjado, catalogado como E-110, que puede provocar en algunos casos "efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños", según contempla el Reglamento (CE) 1333/2008 del Parlamentio Europeo sobre aditivos alimentarios.

Sin embargo, FACUA subraya que en el prospecto que acompaña al Dalsy (que aunque es un medicamento, sí contiene esa sustancia) no se hace alusión a estos posibles efectos secundarios. En las indicaciones del ibuprofeno únicamente se hace referencia a que la inclusión del colorante "puede producir reacciones alérgicas", y ello a su vez desembocar en "asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico".

La asociación considera necesario recalcar que en el prospecto del medicamento se omite la advertencia que sobre dicho colorante contempla la normativa europea. En este sentido, recuerda que el Reglamento del Parlamento Europeo es de directa aplicación en España y, por tanto, el aviso sobre el E-110 debe ser necesariamente incluido para conocimiento de todo aquel que pueda administrar Dalsy a un menor.

Dosis del E-110

FACUA no cuestiona la utilización del colorante por parte de Dalsy y da por hecho que la cantidad utilizada del citado colorante se ajusta a los parámetros permitidos en cuanto a las dosis a incluir. Sí considera, en cambio, exigible que el medicamento advierta de la totalidad de los efectos adversos que pueden provocar en los niños, y no sólo los peligros para los alérgicos, que son los únicos que notifican.

Por ello, la asociación reclama a la AMPS que adopte cuantas medidas sean necesarias para garantizar que en el prospecto emitido para la comercialización del Dalsy 20 mg/ml suspensión oral se recojan expresamente la totalidad de los riesgos que el uso del medicamento puede conllevar para los niños.

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