Espacio Asociativo

Las asociaciones son agrupaciones ciudadanas que se organizan para promever actuaciones y medidas concretas sobre asuntos de la sociedad civil.

La Diputación promueve, apoya y difunde a las asociaciones de la provincia a través de distintas actuaciones y medidas. Desde esta sección, podrás acceder a una serie de recursos, noticias y materiales de interés para las asociaciones.

Cádiz cuenta con un nuevo punto Incorpora de empleo para personas con discapacidad

  • FEGADI COCEMFE se une a la red de entidades que participan el Programa Incorpora de ¿la Caixa¿ y Fundación Cajasol con un nuevo punto de empleo en la provincia de Cádiz

 

  • Esta iniciativa es posible gracias al convenio establecido entre la Obra Social ¿la Caixa¿ y COCEMFE para la participación de la organización y sus entidades en dicho programa

 

  • Las personas con discapacidad y empresas de la provincia de Cádiz contarán con un servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento en acciones centradas en la integración laboral

 

 

(Cádiz, 9 de mayo de 2018)

 

FEGADI COCEMFE se ha convertido en una de las entidades sociales colaboradoras con el Programa Incorpora de ¿la Caixa¿ y Fundación Cajasol y pondrá a disposición de las personas con discapacidad y de las empresas de la provincia de Cádiz un nuevo servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de potenciar la empleabilidad de este grupo social.

La puesta en funcionamiento de este nuevo punto Incorpora es posible gracias al convenio establecido entre la Obra Social ¿la Caixa¿ y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) para la participación de la organización y sus entidades en el Programa Incorpora.

Contar con este programa en FEGADI COCEMFE supone si lugar a dudas, un gran impulso para los itinerarios de inserción de las personas con discapacidad que en la actualidad se atiende en la entidad, desde los programas de Orientación y para las personas con discapacidad física y/u orgánica de la provincia en general. Las actuaciones de intermediación laboral con empresas abrirán puertas a la contratación de nuestro colectivo, así como permitirán al propio tejido empresarial hacer una gestión socialmente más responsable.

La fragilidad del tejido empresarial en la provincia hace especialmente interesante este nuevo recurso que pretende iniciar la captación y sensibilización de empresas en la zona del Arco de la Bahía y Jerez, con posibilidad de ampliar su incidencia al Campo de Gibraltar, la Sierra y La Janda.

De forma paralela, la previsión es acompañar al menos a un centenar de personas beneficiarias en su proceso de integración socio-laboral.

Incorpora tiene como principal objetivo tender puentes entre las empresas y las entidades sociales que se dedican a la integración laboral con el fin de crear un clima de entendimiento y colaboración entre ambas que redunde en oportunidades para las personas en situación o riesgo de exclusión, entre ellas, las personas con discapacidad.

COCEMFE colabora con el programa Incorpora de ¿la Caixa¿ desde el año 2006, atendiendo en este tiempo a más de 15.000 personas con discapacidad y visitando más de 16.000 empresas. Actualmente, la Confederación y sus entidades cuentan con un total de 32 oficinas técnicas que dan cobertura a gran parte del territorio español dentro del programa Incorpora.

Vuelve a Cádiz el Programa de Empoderamiento para mujeres con discapacidad

  • Más de 75 mujeres de la provincia de Cádiz se beneficiaron en 2017 del I ¿Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo¿, desarrollado por FEGADI COCEMFE gracias al convenio establecido entre la Obra Social ¿la Caixa¿ y COCEMFE

 

  • El programa ha fomentado el empoderamiento y ha potenciado la integración social y laboral de las participantes a través de la intervención individual y grupal y de itinerarios personalizados

 

 

(Cádiz, 2 de mayo de 2018)

 

FEGADI COCEMFE pone en marcha la II edición del ¿Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo¿ para mujeres con discapacidad, iniciativa de la que ya se han beneficiado 78 mujeres con discapacidad de la provincia de Cádiz.

Esta iniciativa se desarrolla a nivel estatal gracias al convenio establecido entre la Obra Social ¿la Caixa¿, a través del programa Incorpora, y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

¿El programa me ha ayudado a darme cuenta de la importancia que YO tengo dentro de la sociedad en general y en mi familia en particular. Muchas veces por el hecho de ser mujer asumimos que nuestro papel es el de cuidadora (hijos, padres dependientes, hogar¿) y que todo lo demás no importa porque eso es lo realmente importante; pero lo que sí que importa es el quererme yo, el sentirme bien y feliz con lo que estoy haciendo para así también hacer felices a los demás y que no por ser mujer tengo que asumir este papel. Me parece importante este proyecto porque te ayuda a abrir los ojos, a veces es necesario que alguien te ayude a ver que hay otra realidad.¿ asegura Ana Seoane García¿, participante en el Programa en 2017 en la provincia de Cádiz que vuelve a participar este año.

El objetivo principal del programa es fomentar el empoderamiento y potenciar la integración sociolaboral de un colectivo que tradicionalmente se enfrenta a una múltiple discriminación: ser mujer, tener una discapacidad, vivir en entornos rurales....              Mediante la intervención individual y grupal y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, se pretende empoderar a las mujeres con discapacidad para fomentar su autonomía social y económica, de forma que dejen de ¿ser objeto de otras personas¿ y se conviertan en la ¿persona protagonista de su propia historia¿.

¿Para mí el Programa de Empoderamiento ha sido una experiencia bastante satisfactoria, el poder contar cosas vividas y compartirlo con otras mujeres ha sido genial. Me está aportando más seguridad en mí misma, y el poder contar con esa ayuda para mí ha sido fantástico; sobre todo, las sesiones grupales. Y sobre todo, haber conocido a mujeres en la misma situación que yo, y haber compartido nuestras experiencias y nuestras ideas¿ declara María Blanca Santos Gómez, participante del programa en 2017 y 2018.

 

También Silvia Montiano Benítez es otra de las participantes del año pasado que repite en 2018: ¿Considero de vital importancia la necesidad del empoderamiento. Se logra el descubrimiento de ciertos sentimientos dormidos y afloran con el contacto y relación de otras mujeres que han vivido otro tipo de circunstancias. Desde mi punto de vista, el intercambio de vivencias te hace sentir más acompañada, fuerte, confiada en ti misma, poderosa¿.

 

Cerca 80 de mujeres con discapacidad de la provincia de Cádiz participarán en 2018 en el programa. Con ellas se realizará un itinerario personalizado de inserción sociolaboral; sesiones grupales de apoyo psicosocial; intervención grupal orientado a las habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica, así como el seguimiento a nivel individual para la consecución de objetivos y metas específicas planteadas con cada beneficiaria.

Además, se trabajará de forma coordinada con el Programa Incorpora de ¿la Caixa¿, en el que también colabora COCEMFE y que ofrecerá orientación laboral e intermediación para el empleo a las beneficiarias del programa en búsqueda activa de empleo.

Las mujeres con discapacidad interesadas en el programa, pueden ponerse en contacto con la coordinadora del mismo en Cádiz, Francisca Cortés, a través del correo electrónico igualdad.cadiz@cocemfe.es y el teléfono 956222515.


La Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y /u Orgánica FEGADI COCEMFE es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito provincial constituida en 1986 dedicada a la atención a las personas con discapacidad física y orgánica de Cádiz, la defensa de sus derechos y la participación en la vida de las localidades; y representa y eleva las demandas y reivindicaciones recogidas del propio colectivo a las correspondientes administraciones y hacia la sociedad en general. FEGADI es miembro fundador de ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE y de COCEMFE Nacional, así como miembro de pleno derecho de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Andalucía ACECA y de AECEMCO a nivel nacional.

NUEVO CURSO DE TELEOPERADOR/A EN JEREZ DE LA FRONTERA

12 jóvenes con discapacidad de la provincia de Cádiz se beneficiarán de esta nueva iniciativa formativa.

 Este curso estará orientado a la inserción laboral en el puesto de teleoperador/a , con prácticas en empresa en Jerez de la Frontera.

FUNDACIÓN ONCE y FONDO SOCIAL EUROPEO vuelven a promover este tipo de formación dentro de la Convocatoria Uno a Uno.

 

Desde FEGADI COCEMFE y subvencionado por la FUNDACIÓN ONCE, dentro de la convocatoria de ayudas económicas a proyectos de refuerzo de la empleabilidad de personas jóvenes ¿Uno a uno- año 2018, Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)¿, del FONDO SOCIAL EUROPEO, se ha arrancado en la mañana de hoy la parte formativa en Jerez de la Frontera.

La acogida del curso ha contado con la presencia de la Vocal de la Junta Directiva de FEGADI COCEMFE, Dñá. Josefa Sevilla acompañada de la Coordinadora del Área de Formación y Empleo, Doña Pilar Borrás así como del coordinador y el docente del curso.

El curso está integrado por 12 jóvenes con discapacidad física y/u orgánica, entre 16 y 29 años, de la Unión Europea o con permiso de residencia, empadronado en una localidad del territorio español, desempleadas que no realicen acciones educativas ni formativas actualmente, e inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil y está orientado a la inserción laboral de jóvenes con discapacidad física.

Tanto la formación como las prácticas laborales están centradas en una ocupación muy demandada en la provincia de Cádiz como es la de teleoperador/a, incorporando al alumnado todas las competencias necesarias para desempeñar el puesto; dotando de las herramientas necesarias, avanzando en su red de apoyo y dando la habilidad necesaria para la búsqueda activa de empleo.

Esta formación se desarrollará en Jerez de la Frontera desde el 17 de abril hasta el 29 de junio y constará de 160 horas teóricas y 100 horas de prácticas profesionales (en empresa concertada), contando  semanalmente se realizarán actuaciones para el desarrollo psicosocial, tanto en las personas participantes como en el núcleo vivencial, para la mejora de la calidad de vida y de la empleabilidad.

Piden transparencia a la Diputación Provincial de Cádiz

En estos días, siguiendo los protocolos aprobados por la Junta Directiva de la Asociación Defensa Ciudadana Activa, se ha procedido a remitir cuatro reclamaciones al Consejo de Transparencia de Andalucía por el abuso del silencio administrativo de la Diputación Provincial de Cádiz.

Los expedientes, que se remontan a diciembre de 2.016 en algún caso, han seguido los pasos habituales siendo reiterados hasta en cuatro ocasiones sin respuesta. Por ello además de advertir nuevamente al ente provincial sobre las infracciones cometidas, se han remitido a la institución autonómica conforme a la normativa vigente.

Además de ello, teniendo en cuenta la posible responsabilidad penal que ha remarcado el Defensor del Pueblo Andaluz en anteriores resoluciones por abuso del silencio administrativo, se han remitido igualmente cuatro quejas por esta situación, esperando que, aunque el Defensor del Pueblo Andaluz carece de mecanismos sancionadores, sea un llamamiento más de atención contra la opacidad del ente provincial.

Desde DCA se ha resaltado que "hasta la fecha la Diputación Provincial de Cádiz no ha contestado ninguna de nuestras solicitudes de información pública, por lo que esta situación debe acabar. Estamos cansados de tanta propaganda sobre transparencia cuando a la hora de la verdad sólo sale de sus paredes la publicidad institucional, ni un sólo documento sobre las situaciones que a diario padecen los ciudadanos", criticaron.

Además de los expedientes de queja y reclamaciones se han solicitado igualmente a la Diputación Provincial los oportunos certificados de silencio administrativo, "que debían haber enviado de oficio conforme a la normativa vigente pero, una vez más, se vienen negando sistemáticamente", según DCA.

El objeto de estos certificados no es otro que la solicitud de tutela judicial, compatible con las reclamaciones sobre transparencia, que permita posteriormente depurar responsabilidades e iniciar, en su caso, los correspondientes expedientes disciplinarios conforme al Estatuto Básico del Empleado Público. "Está claro que las normas no se están cumpliendo, pero de momento nadie ha asumido la responsabilidad cuando existen unos reglamentos claros. Por eso cuando una administración se enroca en el silencio como hace reiterada y sistemáticamente la Diputación Provincial de Cádiz, la vía judicial puede ser necesaria para depurarlas", finalizaron.

Fundación Anaed: Ayudando a personas con depresión en toda España

ANAED es una Fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental el fomento, desarrollo y aplicación de medidas de ayuda al enfermo de depresión. Por tanto, dentro de la Fundación se realizan acciones para LA FORMACIÓN, LA INFORMACIÓN,EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN de esta enfermedad, así como se trata de incentivar todo tipo de investigación y terapias para combatirla en los pacientes y también para mitigar los daños colaterales en la familia y la sociedad.

Nos dedicamos a muchas acciones durante el año:

  • Realizar CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN de la depresión informando a la población en general (principalmente en hospitales, colegios, institutos¿) mediante charlas, conferencias, cursillos, talleres, etc.

 

  • Durante el año ORGANIZAMOS diferentes VACACIONES DE SALUD, en las que en pequeños grupos puedes disfrutar de UNAS TERAPIAS en LUGARES INOLVIDABLES. Se trata de que te cures mientras disfrutas.

 

  • Realizamos una labor conjunta con otras asociaciones para atender trastornos asociados a la depresión en los pacientes y a sus familiares..

 

  • Trabajamos día a día para CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD sobre la depresión y través de la divulgación de nuestra labor en medios de comunicación, entrevistas, documentales, periódicos, revistas, notas de prensa, etc.

 

  • Organizamos reuniones de profesionales, participamos en seminarios, cursos y eventos profesionales para formarnos y formar a nuestros profesionales.

 

  • Realizamos y publicamos artículos, noticias, blogs sobre la depresión, con el fin de informar en todo lo posible a la población en general.

 

El Hospital de La Línea podría carecer de licencia de obras.

Tras pedir información meses atrás sobre las infracciones de la normativa de accesibilidad en el nuevo Hospital de La Línea, inaugurado parcialmente hace unos meses, el Ayuntamiento de La Línea no ha facilitado información al respecto. Sin embargo sí lo ha hecho la Junta de Andalucía, justificando los incumplimientos del Decreto 293/2009 en la fecha de la licencia de obras, del año 2.008, anterior a dicha normativa.

Esta excusa resulta llamativa porque significaría que durante una década no han renovado la licencia de obras, que conforme al art. 22 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la licencia de obras tendría una validez muy inferior, por lo que la nueva licencia a otorgar ya sí debería tener en cuenta la normativa actual.

Además la administración autonómica interpreta que las normas sobre vados para personas con discapacidad, que obligan a usar diferentes colores en la solería de acceso, pueden sustituirse por "distintos tonos", aunque a juicio de DCA "habrá que preguntar qué tonalidades han utilizado, porque nosotros los vemos iguales. Es sólo una excusa más para una chapucera ejecución".

"No es de recibo que una administración pública juegue con las normas de esta forma, primero haciendo esperar a los ciudadanos una década para una infraestructura tan importante como un Hospital, y luego justificando los incumplimientos porque no ha renovado la licencia de obras y por ello se considera con derecho a saltarse la normativa de hace una década. ¿Para qué han aprobado tantas normas en los últimos años si no las van a cumplir?", se preguntaban desde DCA.

La Asociación espera la documentación solicitada, y sobre todo que se pronuncie el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción que parece no tener interés en el asunto, antes de iniciar las acciones oportunas. "Más allá de las puramente administrativas, si se constatan incumplimientos tan graves que han permitido la creación de barreras arquitectónicas con dinero público, remitiremos nuestro informe a la Fiscalía a los efectos oportunos", denunciaron.

http://democraciaactiva.eu/?p=1576

FACUA Cádiz sale a la calle en 3 ciudades de nuestra provincia (15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores)

FACUA Cádiz sale a la calle en 3 ciudades de nuestra provincia este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

En Algeciras, Cádiz y Jerez de la Fra.

 

Los activistas de FACUA Cádiz saldrán a la calle este jueves 15 de marzo en tres ciudades de nuestra provincia (Algeciras, Cádiz y Jerez de la Fra.), donde distribuirán un folleto informativo que llama a los consumidores a luchar contra los crecientes abusos que cometen multitud de empresas.

El humorista y actor malagueño afincado en Jaén Santi Rodríguez y la actriz madrileña Lara de Miguel protagonizan la publicación que la organización ha editado este año con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. En ella llaman a los consumidores a unirse a FACUA para defender sus derechos y luchar contra los abusos. Se trata de dos de los más de cien artistas y periodistas socios de FACUA que han participado en campañas de la organización en los últimos años para fomentar la movilización de los consumidores.

FACUA denuncia la pasividad ante los fraudes masivos en la que incurren tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y sus respectivos organismos con competencias en la protección de los derechos de los consumidores.

La asociación considera bochornoso ver cada año cómo los mismos políticos que cierran los ojos ante los crecientes fraudes masivos protagonizan actos en torno a la conmemoración del 15 de marzo para aparecer en los medios de comunicación haciendo gala de una fingida preocupación por la protección de los consumidores.

En este sentido, FACUA reclama más controles y sanciones que trasciendan públicamente y resulten disuasorias, con cuantías proporcionales a las millonarias cantidades que muchas empresas se embolsan mediante sus fraudes masivos. La pasividad y la tibieza en las escasas multas que se imponen por los fraudes masivos obliga a judicializar muchos de los casos, como ha ocurrido con el dieselgate y las cláusulas suelo, entre otros.

Dónde estaremos:

- Algeciras: en la calle Regino Martínez esquina con calle Blas Infante

- Cádiz: en la Plaza del Palillero, frente al Centro Integral de la Mujer (Persona de contacto: Jesús Yesa, 605 680 440).

- Jerez: en la calle Larga, 2, frente al Edificio Fundador (Persona de contacto: Isabel Calvo, 658 795 313).

La Junta escenifica en el Parlamento su complacencia frente a las irregularidades de Clínicas Pascual

 

FACUA Andalucía considera inaceptables las explicaciones que el Gobierno andaluz ha ofrecido en el Parlamento autonómico en relación al fraude de las Clínicas Pascual, que captó fraudulentamente a pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), escenificando su complacencia frente a las irregularidades cometidas por el grupo sanitario y, una vez más, su pasividad para combatir y sancionar este tipo de infracciones.

Las criticas de la federación han provocado que la consejera de Salud, Marina Álvarez, haya comparecido en la cámara autonómica para dar explicaciones sobre la actuación de la Junta de Andalucía en relación a este caso, después de que IU Andalucía haya interpelado en el Parlamento hasta en dos ocasiones a Álvarez para que explicase por qué el grupo Pascual ha sido eximido de una multa por infracción muy grave a la Ley General de Sanidad.

Sin embargo, FACUA Andalucía considera bochornosa la comparecencia de la consejera, que se ha limitado a hacer una lectura cronológica de los hasta dos requerimientos que la Junta tuvo que remitir a Clínicas Pascual advirtiéndole de sus irregularidades y reconociendo, con ello, que la empresa mantuvo durante meses su publicidad engañosa después del primer aviso de Salud.

"La consejera ha constatado una vez más que en lugar de actuar con contundencia contra los abusos, la Junta se pone al servicio de las empresas que defraudan a los usuarios. Salud ha cedido a una campaña de presiones de Clínicas Pascual entregandole 380 millones millones de todos los andaluces. Quienes dicen defender la sanidad pública se ponen al servicio de empresas privadas a las que permiten saltarse la ley con absoluta impunidad", ha explicado el secretario general de FACUA Andalucía y portavoz de su organización nacional, Rubén Sánchez.

La federación de consumidores denunció hace año y medio a Clínicas Pascual, que opera en varias provincias de la Comunidad, por promocionarse bajo el reclamo de "reducir rápidamente los tiempos de espera" con el fin de atraer a pacientes en lista de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Estrategia de presión

Una campaña publicitaria enmarcada en una estrategia de presión para lograr que el SAS volviese a firmar un contrato con Clínicas Pascual para derivar a pacientes a sus hospitales. Un concierto que finalmente fue suscrito por importe de 380 millones de euros, para la atención durante cuatro años en los hospitales de la empresa en las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.

FACUA Andalucía expuso en su denuncia que Clínicas Pascual utilizaba de forma consciente y torticera las listas de espera con el único fin de captar clientes, aprovechándose de la necesidad, y en muchos casos de la ansiedad, que presentan muchos de los pacientes tras meses aguardando cita para ser operados.

 

FACUA denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente

 

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las principales empresas de seguridad privada por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 902, para contratar sus servicios o gestionar incidencias. Se trata de Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguridad Integral Canaria, Visor, Marsegur, Securitas Seguridad España y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

La asociación ha remitido sus denuncias a las autoridades de consumo de las comunidades donde las firmas tienen sus respectivos domicilios sociales. En este caso, a las Direcciones Generales de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid (4) y de Canarias (5).

Las nueve empresas ofrecen numeraciones 902 cómo única vía para que los consumidores contacten telefónicamente. La asociación advierte de que, de esta forma, los usuarios se ven abocados a recurrir a ese tipo de números ante cuaquier incidencia relacionada con alarmas o servicios de seguridad contratados para sus hogares. Igualmente, FACUA recuerda que tienen derecho a reclamar a la empresa el importe que les suponga cada llamada a esos 902.

FACUA viene desarrollando la campaña #Stop902 para movilizar a los usuarios contra este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor. Los usuarios pueden sumarse a ella en la web FACUA.org/Stop902.

Son ya más de cien las empresas de diferentes sectores las denunciadas por FACUA por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.

Denuncias que ya han motivado la apertura de expediente sancionadores por parte de las autoridades de consumo de Baleares a dos de ellas, ambas aerolíneas: Ryanair y Air Berlin. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de anunciar la apertura de cinco expedientes sancionadores contra proveedores de servicios de telecomunicaciones por ofertar a empresas la contratación de números 902 a cambio de parte del cobro de la llamada facturada a los clientes como retribución, tras las denuncias de FACUA.

Denuncias en todos los sectores

En este año, la asociación ha presentado paquetes de denuncias por irregularidades similares contra empresas de diferentes sectores como aerolíneas, energéticas, aseguradoras, establecimientos comerciales. compañías de telecomunicaciones, Renfe -que ha sustituido sus 902 en julio-, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express. La última batería de denuncias presentada por la asociación fue hace apenas unos días contra firmas de mensajería.

La asociación advierte de que el artículo 21.2 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, indica que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico. El texto transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea de derechos de los consumidores (Directiva 2011/83, de 25 de octubre de 2011).

 

FACUA lanza el primer simulador que calcula tanto el dinero de la cláusula suelo como los intereses

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado el primer simulador que permite calcular tanto el dinero cobrado fraudulentamente por la aplicación de la cláusula suelo como los intereses que también deben reclamar los usuarios. La herramienta #micláusulasuelo está disponible en la web FACUA.org/clausulasuelo.

Los usuarios que firmaron acuerdos con los bancos para eliminar o reducir el suelo también pueden conocer de forma detallada cuánto pueden reclamar, ya que en la inmensa mayoría de los casos tienen derecho a hacerlo aunque en ellos se indicase lo contrario. Con las mejoras que acaba de introducir FACUA en la herramienta, cuya primera versión lanzó en septiembre de 2013, una función da la opción de detallar desde qué fecha no se aplica la cláusula o qué nuevo tipo de interés mínimo (el suelo) se firmó con el banco en un determinado momento.

Con #micláusulasuelo, la asociación pretende ayudar a los usuarios a conocer cuál es la cantidad exacta que tienen derecho a reclamar y evitar que vuelvan a ser engañados por los bancos.

FACUA representa a miles de afectados por la cláusula suelo y el cobro abusivo de los gastos de formalización de sus hipotecas. En caso de que los bancos se nieguen a reembolsarles todo su dinero más los intereses legales, los equipos jurídicos de la asociación se preparan para interponer una batería de nuevas demandas judiciales.

Muchos hipotecados se están animando a reclamar al conocer las elevadas cantidades que han abonado de más. Para utilizar la herramienta de FACUA, el usuario sólo tiene que iniciar sesión en la web FACUA.org/clausulasuelo e introducir trece datos relativos a su contrato hipotecario. Con ellos, la aplicación calcula qué cantidad ha cobrado el banco de forma abusiva mediante la aplicación de esta cláusula y los intereses legales.

Informe detallado

Así, el consumidor obtiene un informe con la cantidad total que lleva abonada y la que hubiera pagado de no existir la cláusula, el número de mensualidades de la hipoteca hasta la fecha y cuántas se han visto afectadas por el suelo y el detalle de cada periodo anual en el que se ha aplicado.

El simulador facilita también dos cuadros de amortización de toda la vida del préstamo. Uno tal y como se ha abonado como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva y otro que refleja cómo hubiera sido si no existiese el suelo.

FACUA advierte de despachos de abogados que llegan a quedarse con todo el dinero de la cláusula suelo

Ante la avalancha de reclamaciones por la cláusula suelo y los gastos de formalización de las hipotecas, FACUA-Consumidores en Acción advierte de determinados bufetes de abogados que incurren en prácticas nada transparentes o establecen condiciones desproporcionadas. Entre ellos, despachos que llegan a quedarse con todo el dinero recuperado y también con las costas judiciales cuando el banco es condenado.

Entre las prácticas detectadas por FACUA, hay despachos cuyos contratos establecen que los usuarios les ceden las costas judiciales en caso de que el banco sea condenado y además les cobran una elevada comisión por el dinero recuperado. Comisión que en los contratos a los que ha accedido la asociación llega a alcanzar el 20% de las cantidades devueltas, incluyendo en ocasiones una cláusula por la que el abogado se queda con todo el dinero recuperado si el importe no supera los 1.800 euros.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina la retroactividad total en la devolución del dinero cobrado fraudulentamente con la cláusula suelo, FACUA indica que resulta más desconsejable que nunca firmar acuerdos con abogados por los que, a cambio de no adelantar el pago de ninguna cantidad, el usuario renuncie a recuperar las costas y se fije que el abogado se quedará con un porcentaje del dinero que se devuelva.

Sin presupuesto previo

FACUA también denuncia que hay abogados que incumplen la obligación legal de entregar un presupuesto previo por escrito. Algo que en los casos en que no se ha producido condena en costas ha derivado en ocasiones en el pago de honorarios que han llegado a estar por encima del dinero recuperado en los tribunales. En este sentido, la asociación recuerda que el usuario no sólo tiene que abonar los honorarios del abogado, sino también los del procurador, cuya cuantía debe pedir que se aclare desde el principio.

Tanto si contratan los servicios de despachos de abogados como si se ponen en manos de asociaciones de consumidores legalmente reconocidas, FACUA insta a los usuarios a pedir transparencia en los costes que les supondrá reclamar tanto extrajudicial como judicialmente el dinero pagado de más por la cláusula suelo y por los gastos de formalización de la hipoteca.

La asociación recuerda que en los últimos años se han producido abusos tanto por parte de determinados despachos de abogados como de supuestas asociaciones de usuarios con ánimo de lucro que mantenían oscuros acuerdos con la banca, como las del entramado Ausbanc. En cualquier caso, FACUA confía en que la mayoría de bufetes de abogados actúa con seriedad y transparencia, al tiempo que reclama contundencia a sus colegios profesionales en los casos en que tengan conocimiento de irregularidades que perjudiquen a los consumidores y ensucien la imagen de la profesión.

Tras la sentencia del TJUE, FACUA emplaza a la banca a devolver lo defraudado con las cláusulas suelo

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la que determina la retroactividad total en la devolución del dinero defraudado con las cláusulas suelo, FACUA-Consumidores en Acción emplaza a la banca a reembolsar a los usuarios todo el dinero defraudado.

"Si los bancos se niegan a acatar el sentencia del TJUE, seguiremos batallando en los tribunales", ha señalado el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que muestra la satisfacción de la asociación: "se ha hecho justicia, hoy es un día histórico para la lucha por los derechos de los consumidores".

"En estos momentos, la banca debe valorar si prefiere devolver amistosamente los miles de millones de euros que ha cobrado fraudulentamente con sus cláusulas suelo o va a optar por obligar a los consumidores a acudir a los tribunales, algo que agravará el colapso de los juzgados y, por supuesto, tendrá sus costes", indica el portavoz de FACUA.

FACUA espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los diecisiete presidentes autonómicos reclamen de manera pública e inmediata a la banca la devolución del dinero defraudado a todos los usuarios.

"La banca ha perdido y los consumidores hemos ganado porque el TJUE ha hecho justicia aplicando nuestras leyes", señala Sánchez, "esas leyes que obviaron tanto los gobiernos y sus organismos reguladores como las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades autónomas, permitiendo el fraude de mayor envergadura de la historia de España". Tras exigir sin éxito durante años al Gobierno que tomara medidas ante este macrofraude, FACUA denunció en 2013 a más de una veintena de bancos ante los organismos de consumo de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales se desentendieron del tema; algunas aplicaron multas, pero de cuantías absolutamente ridículas.

El portavoz de FACUA advierte de que "el Tribunal Supremo acaba de recibir un contundente correctivo tras la aberrante sentencia por la que determinó que los bancos podían quedarse con miles de millones de euros defraudados".

Sánchez recuerda que la decisión del Supremo de mayo de 2013 estableció que "la retroactividad de su sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, obviando los gravísimos trastornos sufridos por millones de consumidores al hincharse las cuotas de sus hipotecas de manera ilegal". "Las cláusulas suelo contribuyeron a aumentar el índice de desahucios", denuncia Sánchez, "y los desahucios llevaron al suicidio a muchas personas, víctimas de la codicia desmedida de los banqueros y la pasividad de nuestros Gobiernos ante sus prácticas fraudulentas".

FACUA tiene abiertos cientos de procedimientos judiciales, muchos de los cuales no han sido objeto de sentencia porque los jueces estaban a la espera del sentencia del TJUE.

FACUA tiene abiertos cientos de procedimientos judiciales, muchos de los cuales no han sido objeto de sentencia porque los jueces estaban a la espera de la sentencia del TJUE. Los usuarios pueden conocer cuánto dinero les tiene que devolver el banco por la aplicación de esta cláusula utilizando el simulador #micláusulasuelo, en la web http://FACUA.org/clausulasuelo.

Protección de los consumidores incompleta e insuficiente

En su sentencia, el TJUE estipula que la limitación de tiempo estipulada por el Supremo en su sentencia resulta una protección de los consumidores "incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas", en contra de lo que exige la Directiva 93/13.

Además, este tribunal recuerda que "la declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", concretamente mediante "la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente" por los bancos.

El Tribunal añade que teniendo en cuenta "la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión Europea", este órgano "es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión". Y concluye: "Las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales no podrán afectar a la protección de los consumidores garantizada por la Directiva".

La cláusula suelo, incluida durante años por los bancos españoles en las hipotecas de millones de usuarios, pone un límite a las bajadas del euríbor, de tal manera que los consumidores no podían beneficiarse totalmente de una rebaja de los intereses a pagar por su préstamo cuando este índice superaba (a la baja) el límite estipulado por esta cláusula

La tarifa del agua oscila hasta un 349% de acuerdo a un estudio de FACUA en 28 ciudades

La tarifa del agua varía hasta un 349,3%, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2016 en veintiocho ciudades españolas (ver tabla). Estas variaciones suponen hasta 453,60 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 15mm, entre los 48,62 euros que se pagan al mes en Alicante (la ciudad más cara en esta categoría) y los 10,82 euros de Valladolid. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

El análisis de FACUA toma como referencia una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos. Tanto los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro como los que cuentan con un contador de 15 mm pagan prácticamente lo mismo que en 2015, dado que la bajada media de precios es de apenas el 0,1%. De hecho, tan sólo siete de las ciudades analizadas han aumentado sus precios en 2016, mientras que 19 las han congelado y en dos ciudades han bajado las tarifas.

La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Este elemento está directamente vinculado con el ahorro y el despilfarro del agua y el sistema tarifario que lo contemple es más equitativo para la ciudadanía.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.

Diferencias desproporcionadas

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una tarifa de 29,34 euros al mes, Cádiz (empresa pública), 23,75 euros, Barcelona (empresa mixta), 23,48 euros, Huelva (empresa mixta), 22,44 euros y Alicante (empresa mixta), 21,98 euros.

En el otro extremo se encuentra Valladolid, con un modelo de gestión privado, que no ha modificado sus tarifas, donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, el precio del agua es de 10,82 euros al mes. Le siguen Zaragoza (gestión pública), con 11,31 euros, Salamanca (gestión privada), 12,49 euros, Logroño (gestión pública), con 13,692 euros y Pamplona (gestión pública), con 13,64 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm, las tarifas más caras mensuales son las que se abonan en Alicante, con un importe de 48,62 euros, donde tan sólo el 0,26% de la población tienen instalados contadores de 15mm, Murcia 29,34 euros y Huelva (24,31 euros), en los tres casos gestionadas por empresas mixtas.

Este mismo consumo con un contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,92 euros (sin incluir el IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).

En siete de las ciudades analizadas han aumentado los precios en 2016. En algunos casos, por modificación de las propias tarifas, mientras que en otros las tarifas se mantienen pero suben los cánones locales o autonómicos que se aplican. Las ciudades que suben sus tarifas son Pamplona (2,1%, por la subida de los cánones), Bilbao (1,5%), Jaén (1%, por la subida de los cánones), Santander (0,5%), Cádiz (0,3%, por los cánones), Huelva (0,2%, por los cánones) y Sevilla (0,2%, por los cánones).

Número de residentes de la vivienda

FACUA considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos.

En la actualidad, sólo dos de las ciudades analizadas -Málaga y Sevilla- disponen de tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda.

Sin embargo, hay algunas ciudades que a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como A Coruña y Barcelona.

En otros diecisiete municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas.

La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos. FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.

Bonificaciones

La gran mayoría de las ciudades analizadas cuentan con bonificaciones o exenciones para determinados perfiles de consumidores, en su mayoría para familias numerosas, jubilados o pensionistas y domicilios con todos sus habitantes en situación de desempleo. Tan sólo Logroño, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza no cuentan con ningún tipo de rebaja o bonificación.

Además, algunas ciudades (Alicante, Barcelona, Huelva y Málaga cuentan con un fondo social o fondo de solidaridad para ayudar con el pago de sus facturas a familias en situación de dificultad económica.

Por otro lado, algunas ciudades premian el ahorro con exenciones o descuentos (Madrid, Málaga) o el bajo consumo (Córdoba, Sevilla, Valencia)

Cánones

La mayoría de las ciudades analizadas en el estudio de FACUA incluyen, en sus tarifas, diferentes cánones, que pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de saneamiento y depuración.

Tan sólo ocho ciudades no incluyen cánones en sus tarifas: Bilbao, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza.

En seis ciudades, los usuarios pagan en 2016 más que en 2015 por el incremento de los importes de los cánones que aplican: Cádiz, Huelva, Jaén, Pamplona, Santander y Sevilla.

Diferencia injustificada en las tarifas de los calibres de contador

De las veintiocho ciudades analizadas, seis cobran precios distintos en la cuota fija de abastecimiento y/o saneamiento en función de si el calibre es de 13 o 15mm. Los importes se incrementan al aumentar el calibre en Alicante, Castellón, Granada, Huelva, Madrid y Valencia. En el caso de Alicante, hay que destacar que el número de contadores de 15 mm es del 0,26% del total de contadores.

FACUA cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones técnicas de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos técnicos de algunos operadores como el Canal de Isabel II y dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.

Así, Canal de Isabel II señala en un documento técnico que "en la práctica, desde un punto de vista constructivo, de capacidad metrológica y de transporte de aguas, los contadores de estos dos diámetros son exactamente iguales y la única diferencia entre ambos corresponde al diámetro de las roscas de conexión". Además, señala que "a veces, en algunos abastecimientos y por cuestiones históricas, los contadores de 13 y 15 mm se utilizan en viviendas de diferentes tipos".

De igual manera, una resolución de Industria de Andalucía señala que no existen razones que justifiquen la diferenciación de precios entre ambos contadores cuando no existen diferencias constructivas, ni metrológicas ni de transporte de agua.

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. En este sentido, FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas.

Por otro lado, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.

FACUA considera que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda dicha gestión de forma unitaria e integral, en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración). La regulación debe garantizar los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos.

Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

FACUA considera que también deben quedar recogidas las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarifique el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible.

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

Metodología

Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía, etc.

FACUA considera como cuotas fijas o de servicio aquellas que hay que pagar aunque no se haga uso de las mismas, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.

De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente así como el IVA.

El estudio tampoco refleja la existencia de bonificaciones a las familias numerosas para dejar fuera las penalizaciones de consumos elevados, que en estos casos resultan justificados. De igual modo, no se han tenido en cuenta las tarifas para usuarios de rentas bajas.

Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia una vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual. Además, se han establecido dos consumos medios de 10 y 20 m3, obtenidos a través de contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre.

Según la ciudad, la facturación puede realizarse de forma mensual, bimestral o trimestralmente, por lo que, al objeto de realizar el estudio, se ha calculado su equivalente mensual.

El estudio no recoge otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.

 

Ticketmaster revende entradas en su propia web al triple de su precio original, denuncia FACUA

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que Ticketmaster vuelve a revender entradas a través de Seatwave, una web de su mismo grupo. Esta vez, para los conciertos que el cantante Bruno Mars dará el 3 de abril en Madrid y el 7 en Barcelona. Lo hace desde el mismo momento en que puso a la venta las entradas: avisa de que están agotadas, pero de inmediato despliega un nuevo menú en el que esos mismos pases vuelven a estar disponibles, ahora ya a precios disparados. Y todo ello sin que el usuario tenga que salir de la propia web de Ticketmaster.

La plataforma está repitiendo el mismo protocolo que ya siguiera meses atrás con motivo de los conciertos en España de Bruce Springsteen o los Red Hot Chilli Peppers. Por ello, FACUA ha alertado tanto al Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que mantiene abierta una investigación a Ticketmaster por denuncias anteriores de FACUA, como a la Agencia Catalana del Consumo, al celebrarse uno de los dos conciertos en Barcelona, mediante sendos escritos.

El pasado marzo, con motivo de la actuación de Springsteen, la asociación ya alertó del fraude detectado en la venta de entradas que seguía Ticketmaster: mientras la web decía que los pases estaban agotados ( en apenas dos horas), cientos de ellos se ofrecían al mismo tiempo en otra también perteneciente al mismo grupo dedicada a la reventa: Seatwave. Un protocolo que incluso la propia promotora del concierto, Doctor Music, calificó de ilegal.

Es lo que ha ocurrido en el caso de las entradas para los espectáculos de Bruno Mars cuyo precio oscila entre 55 y 85 euros. Es decir, las de mayor demanda. Agotadas ya para ambas sedes, según avisa Ticketmaster nada más iniciar el proceso de compra... Pero disponibles en su web filial.

En la misma Ticktmaster se presenta de inmediato una alternativa que se despliega automáticamente en la pantalla: "Lo sentimos, no hay entradas disponibles en Ticketmaster. Puedes conseguir tus entradas en Seatwave, la web de compra y venta de entradas entre fans". Junto al mensaje, un menú donde se ofrecen las entradas que en Ticketmaster están supuestamente agotadas... eso sí, ahora a precios que parten de los 180 euros, tres veces más caras.

Suma de comisiones

Un precio desorbitado al que todavía hay que añadir una elevadísima "comisión de servicio": 33 euros por entrada, nada menos, que engorda aún más el coste final para los compradores. Se trata del segundo recargo que los pases acumulan. En la web matriz, el importe añadido en concepto de "gastos de distribución" alcanza los 25 euros. En total, por un mismo pase, Ticketmaster puede cobrar hasta 60 euros en comisiones gracias a su venta.

Dada la reincidencia de Ticketmaster, FACUA insiste a las autoridades de consumo en que apliquen sanciones a la compañía por el tráfico irregular de entradas entre sus webs. La asociación ya presentó una queja formal ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tras las anomalías detectadas en la venta de pases para Springsteen. Dicho organismo se limitó a comuncar que la competencia para investigar lo sucedido recaía en e Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que a su vez comunicó posteriormente a la asociación que abría una investigación.

Hace dos años

Hace dos años, FACUA ya denunció a la plataforma de venta online por otra irregularidad: ofertó pases para un concierto que los Rolling Stones daban también en Madrid a precios más bajos de los reales. ¿El motivo? Ocultaban que el coste final se encarecía entre 6 y 25 euros por lo que la web denomina "gastos de gestión".

A raíz de ello, FACUA remitió una denuncia contra la empresa, que tiene su domicilio social en Barcelona, a la Agencia Catalana de Consumo, que decidió abrir expediente sancionador a Ticketmaster. Sin embargo, éste se resolvió con una multa irrisoria a la plataforma, a la que se aplicó la horquilla de sanción más baja posible (de 10.000 euros como máximo) tras calificar la Agencia la infracción como "leve".

http://nomascortesdeluz.org/#

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FACUA denuncia a Vodafone por incumplir una oferta en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por incumplir una oferta comercial en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama a un precio muy ventajoso. La compañía anunciaba un descuento del 50% en la tarifa Smart S y un iPhone 7 Plus o Samsung Galaxy S7 Edge a un precio reducido para las portabilidades, que canceló unilateralmente después de haberlas iniciado alegando falta de stock.

La asociación ha recibido las quejas de numerosos usuarios que pidieron la portabilidad atraídos por la publicidad a lo largo del mes de noviembre y vieron cómo, unos días después de solicitarla, la empresa decidía cancelarla unilateralmente y sin pedir el consentimiento a los nuevos clientes, alegando una falta de stock de los terminales ofrecidos. Vodafone no ofreció a los afectados ninguna alternativa para cumplir con la oferta.

FACUA se ha dirigido a Vodafone para reclamarle que cumpla y ofrezca de manera efectiva el servicio según las condiciones que había anunciado a los usuarios que habían ya iniciado sus portabilidades. Además, ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social.

La asociación recuerda que el incumplimiento de las condiciones de una oferta comercial supone una práctica engañosa y por ello desleal a las personas a las que se dirige, tal y como recoge la Ley General para la Defensa de los Consumidores (Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre). En este sentido, el artículo 61 de la citada ley indica que "el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato".

Asimismo, FACUA considera que la cancelación de los contratos por parte de Vodafone es una práctica abusiva, dado que la formalización de la oferta depende únicamente de la voluntad del empresario, que sin embargo ha exigido un compromiso firme al consumidor, dado que la oferta conllevaba una permanencia de 18 meses. Así se recoge en el artículo 85.7 de la mencionada ley.

#TimoEléctrico Las ofertas de las compañías encarecen el recibo de la luz hasta un 26,2%

Las ofertas con las que las eléctricas invitan a los usuarios a ahorrar pueden encarecer el recibo hasta un 26,2%. Así lo revela el último estudio comparativo sobre las tarifas del mercado libre realizado por FACUA-Consumidores en Acción (ver documento).

FACUA ha comparado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa semiregulada que tienen la mayoría de hogares, con tarifas ofertadas por ocho comercializadoras eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, Holaluz, Podo, Som Energía y EDP Energía.

Una vez más, la asociación destapa las trampas de las eléctricas para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que el PVPC, cuando en todos los casos analizados encarecen el recibo del usuario medio.

La asociación advierte de que la inmensa mayoría de usuarios que abandonan el PVPC lo hacen engañados por las campañas publicitarias de las eléctricas y las mentiras de sus comerciales. FACUA insiste en reclamar a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue este fraude masivo y aplique multas contundentes a las compañías.

Gas Natural Fenosa, la tarifa más cara del análisis

Con la Tarifa Estable Luz de Gas Natural Fenosa, un usuario medio (4,4 kW de potencia contratada y 366 kWh de consumo mensual) paga 83,15 euros al mes (impuestos indirectos incluidos), nada menos que un 26,2% por encima de los 65,90 euros que representa el recibo al aplicar el PVPC medio que ha estado vigente entre enero y octubre.

Los usuarios con derecho al bono social sufren un incremento muchísimo mayor en sus recibos al contratar las ofertas del mercado libre. En el caso de Gas Natural Fenosa, la factura llega a encarecerse nada menos que el 68,2% sobre la de un usuario medio con bono social, que paga 49,43 euros (siempre con las tarifas vigentes entre enero y octubre).

Las tarifas analizadas de las dos principales compañías del sector también son mucho más caras que el PVPC.

Endesa One Luz, que se presenta en su publicidad como "probablemente las mejores tarifas del mercado" para lograr "las facturas de energía más económicas" supone un encarecimiento del recibo del 14,4% para el usuario medio: 75,38 euros al mes frente a los 65,90 euros con PVPC. Con Conect@ Luz, de Iberdrola, la factura mensual asciende a 75,78 euros, un 15,0% más cara.

La oferta de Viesgo (Tarifa de luz 100% online) representa un recibo de 71,96 euros para el usuario medio (un 9,2% más caro que con el PVPC). La de Holaluz (Tarifa de Luz Un Precio Pago Sin Sorpresas) supone 75,00 euros (+13,8%). La tarifa de Podo (Fijo), 72,62 euros (+10,2%). La de Som Energía (Tarifa 2.0A Som sin discriminación horaria), 77,79 euros (+18,0%). En cuanto a EDP Energía (Fórmula luz con factura electrónica), supone 74,44 euros al mes (+13,0%).

Descuentos, pero sobre tarifas mucho más caras que el PVPC

FACUA advierte de que en muchas ofertas, las compañías confunden a los usuarios anunciando descuentos en el término de potencia o el de energía que no se aplican sobre el PVPC, sino sobre tarifas mucho más caras, o que están condicionados a la contratación de otros productos.

También hay tarifas que se limitan al primer año, para hinchar aún más los recibos a partir del segundo. Por otro lado, FACUA advierte de que no existen tarifas planas en el sector eléctrico y lo que se oferta con ese nombre es un fraude.

La asociación alerta también de las prácticas fraudulentas en las que incurren los comerciales de las grandes eléctricas, que acuden a los domicilios de los usuarios para ofrecerles descuentos de forma engañosa o hacerles creer que vienen de su misma compañía para una simple comprobación de datos. Cada vez son más los casos de falsificaciones de contratos recibidos en FACUA, donde el sector eléctrico es ya el tercero más denunciado por los consumidores.

Además, estos contratos recortan derechos de los usuarios y eliminan obligaciones impuestas a las eléctricas en distintos apartados de la normativa del sector que sólo afecta al PVPC. FACUA viene reivindicando al Gobierno que cambie la legislación para evitar esta situación.

FACUA Andalucía ve ridículo el presupuesto andaluz para luchar contra los fraudes y abusos en 2017

FACUA Andalucía considera absolutamente ridículas las partidas del presupuesto que la Junta pretende aprobar para la lucha contra los fraudes y la protección de los consumidores para 2017. Ante una caída del 3,3% de la partida destinada a este fin, la federación valora que seguirán aumentando los desequilibrios y abusos de las empresas.

Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía para presentar las valoraciones de la federación como parte del proceso de aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017. La comparecencia completa está disponible en este enlace (Comparecencia).

"Si ya era precario el presupuesto en estos años, el de 2017, con la reducción del 3,3%, no permitirá mejorar la protección de los consumidores", ha indicado Ruiz. "No destina más recursos ni tan siquiera a mejorar la acción administrativa, ni tampoco para reforzar el papel de las organizaciones de consumidores". Además, "son unos pobres presupuestos para unos pobres objetivos en materia de protección al consumidor, que no reflejan ni tan siquiera la voluntad política de avanzar, de dar, aunque sea pequeño, un paso cualitativo en la protección de las personas consumidoras en Andalucía".

El programa específico de consumo presenta una dotación presupuestaria para 2017 de 14.714.423 euros, esto es, un 3,3% menos que en 2016. No recupera, por tanto, los niveles anteriores a la crisis, dado que no iguala ni siquiera la partida presupuestaria de 2009.

"Andalucía se encuentra en estos momentos sin auténticas políticas públicas de protección a los consumidores. Carece de modelo, carece de planificación y operativa y sobre todo carece de recursos para abordar una tarea que cada vez es más ardua y compleja y que está contribuyendo a que la brecha de la desigualdad sea cada vez mayor", ha añadido la presidenta de FACUA Andalucía en su comparecencia.

A juicio de la federación, la caída del presupuesto hará que se profundice en la tendencia que se viene produciendo en los últimos años: incremento de los fraudes, incrementos del desequilibrio entre el poder económico y los consumidores y la generación de más pobreza y exclusión. "Los fraudes y abusos sacuden con fuerza a los más débiles y vulnerables y son ellos quienes están más desprotegidos", ha recordado Ruiz.

"La desprotección de los consumidores se ha convertido en un factor clave de nuestro sistema económico como instrumento al servicio del beneficio o la propia continuidad de las empresas, y como factor resultante del retroceso de administraciones y gobiernos. No es casual, por tanto, la judicialización cada vez mayor de los conflictos de consumo", ha valorado Ruiz.

Propuestas: aumento del presupuesto y refuerzo del control del mercado

Frente a la raquítica partida presupuestaria prevista por la Junta para 2017 y ante la falta, por tanto, de acción real en la protección de los consumidores, FACUA Andalucía ha detallado en su comparecencia una serie de propuestas para paliar la situación actual, que pasan, obviamente, por un aumento de la partida destinada a este fin, pero también, por el refuerzo del control que se ejerce sobre el mercado, con un mayor número de inspecciones y de tramitaciones de expedientes sancionadores a la empresas incumplidoras.

La federación considera que se debe mejorar, revisar y actualizar el procedimiento y régimen sancionador y sus cuantías, de tal manera que se garantice que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a las conductas que atentan contra los derechos de los consumidores. Las sanciones, además, deben de cobrarse (dado que en muchos casos no ocurre en la actualidad) y contribuir a reforzar las políticas de protección de los consumidores.

Asimismo, es prioritario que se garanticen los suministros básicos, como el agua o el suministro eléctrico, especialmente en el caso de las familias más vulnerables, desde el reconocimiento de derechos y no desde el asistencialismo.

También es fundamental impulsar y revitalizar los órganos de participación social, con dotación de recursos suficientes para permitir un seguimiento y control real de la ejecución de las políticas públicas y un mayor reconocimiento al movimiento consumerista, que contribuya en mayor medida a poner freno a los abusos.

FACUA prepara una batería de denuncias contra empresas que usan líneas 902 para la atención al cliente

FACUA-Consumidores en Acción prepara una batería de denuncias contra empresas que obligan a llamar a prefijos 902 y 901 como teléfonos de atención al cliente. La asociación advierte de que el uso de estas líneas, que hinchan las facturas de los usuarios, vulnera la legislación estatal y europea.

FACUA insta a las empresas que usan estos teléfonos a que procedan a su inmediata sustitución por numeraciones fijas con prefijo geográfico o móviles. Además de implicar un precio muy superior al de las llamadas realizadas desde móviles a líneas convencionales, las comunicaciones con prefijos 902 y 901 no están incluidas en los bonos y tarifas planas de los contratos de telefonía fija y móvil.

Bancos, aseguradoras, aerolíneas, compañías de telecomunicaciones, grandes superficies comerciales, empresas alimentarias, de transportes, suministradoras de agua... Multitud de empresas de una larga lista de sectores utilizan estas líneas, que la normativa de telecomunicaciones define como de "tarificación especial". En muchos casos, lo hacen porque reciben de sus compañías de telecomunicaciones una remuneración por las llamadas recibidas, una práctica fraudulenta claramente prohibida por la legislación. En febrero de 2015, FACUA denunció por estas prácticas a 16 compañías ante las autoridades de consumo y telecomunicaciones, que no le han comunicado actuaciones al respecto.

FACUA advierte además de que, independientemente de que se lucren o no con ellas, las empresas que utilizan estas líneas contravienen el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En su artículo 21, relativo a los servicios de atención al cliente, dicha norma establece que "en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica". El texto transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea de derechos de los consumidores (Directiva 2011/83, de 25 de octubre de 2011).

El abogado del TJUE advierte de su ilegalidad

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar ha manifestado esta semana que considera ilegal el uso de este tipo de líneas de alto coste. Lo ha hecho después de que el Tribunal Regional de Stuttgart (Alemania) plantease una cuestión prejudicial ante el TJUE para aclarar si la directiva sobre los derechos de los consumidores prohíbe la utilización de teléfonos de atención al cliente cuyas tarifas superan las que los usuarios pagan por llamadas a líneas fijas con prefijos geográficos o números móviles estándar.

En sus conclusiones, leídas este 10 de noviembre, el abogado general propone al TJUE que responda afirmativamente a la cuestión planteada por el tribunal alemán. Szpunar recuerda que, según la directiva, los Estados miembros deben velar por que, cuando un comerciante opere una línea telefónica para que los consumidores puedan ponerse encontacto con él en relación con el contrato celebrado, aquéllos no se vean obligados a pagar un precio superior a la "tarifa básica".

Esto significa, según el Abogado General, que los costes facturados al consumidor no deben ser superiores a los de una llamada estándar a los precios normales demercado. Por lo tanto, los costes facturados al consumidor no pueden superar los costes habituales que se le habrían facturado por una llamada a un número de teléfono fijo (geográfico) o móvil estándar.

En efecto, un precio superior al abonado por una llamada a una línea telefónica ordinaria, debido a los costes adicionales generados, podría disuadir a los consumidores de ponerse en contacto con el comerciantepara cuestiones relativas, por ejemplo, a la fecha de entrega, a la facturación o a la garantía.

Según el abogado general, la Directiva establece una presunción absoluta de que el servicio de atención telefónica está incluido en el precio pagado por el consumidor, de modo que el uso de un teléfono sujeto a tarifas especiales equivaldría a hacerle pagar costes adicionales por el mismo servicio. El Abogado General añade que la cuestión de si el comerciante percibe o no una parte del precio que el consumidor paga por la llamada -algo que está expresamente prohibido en la legislación española- es en cualquier caso irrelevante para la respuesta que propone.

Las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del abogado general consiste en proponer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con absoluta independencia, una solución jurídica alasunto del que se ocupa. Los jueces del TJUE comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto para dictar la sentencia.

Un juez declara desproporcionada la 'multa' que cobra Vodafone Ono por el retraso en los pagos

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Monzón (Huesca) considera desproporcionada la penalización que Vodafone Ono cobra a sus clientes cuando se retrasan en el pago de una factura. Por este motivo, la sentencia condena a la compañía a devolver a un usuario los 303,84 euros que le cobró por este motivo, más los 21,32 euros de los gastos derivados de la reclamación que interpuso a la compañía, además del incremento del interés legal del dinero desde que el afectado denunció a la empresa.

Tras la campaña que puso en marcha FACUA-Consumidores en Acción contra este tipo de abusos llevados a cabo por las empresas de telefonía, su socio Ilich Luis A. M. decidió acudir a los tribunales en Monzón (Huesca) y denunciar su caso.

El juzgado de Monzón considera que no es incorrecto que la empresa cobre a los clientes cuando se retrasen en el pago de las facturas, tal y como se recoge en las condiciones generales del servicio de la empresa, pero las cantidades cobradas deben responder a gastos generados por la citada situación de retraso en el pago de la factura, como puedan ser gestiones, gastos financieros o de otro tipo.

El juez considera, sin embargo, que "no se han acreditado los servicios o perjuicios que los supuestos impagos generaron a Vodafone Ono" ni tampoco que el impago se haya producido. Por lo tanto, no se pueden "facturar cuantías sin que respondan a un coste efectivo o a un perjuicio real sufrido por la entidad", añade la sentencia.

FACUA denunció en 2013 este tipo de prácticas (penalizaciones por devolver un recibo, retrasarse en el pago o reestrablecer el servicio tras una suspensión temporal) por ser excesivas y desproporcionadas, sin que hasta la fecha haya obtenido ningún tipo de respuesta o resolución de las autoridades ante las que presentó sus denuncias: el extinto Instituto Nacional de Consumo (INC) -hoy integrado en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan)- y la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi). El organismo de Consumo se limitó a indicar, al recibir la denuncia de FACUA, que ya tenía iniciadas actuaciones sobre esta cuestión, sin que hasta la fecha hayan informado de en qué han derivado dichas acciones.

Por su parte, la Setsi simplemente remitió a la asociación el informe elaborado por las compañías denunciadas (Movistar, Orange, Vodafone, Ono y Yoigo) como respuesta a la denuncia presentada.

Por último, las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, que también recibieron denuncias de FACUA, se limitaron a derivar las denuncias al INC.

Penalizaciones excesivas y desproporcionadas

En sus denuncias de 2013, FACUA advirtió de que las cuantías de las penalizaciones que las compañías telefónicas imponen por impagos, retrasos o restablecimiento del servicio tras una suspensión temporal son excesivas y no resultan proporcionales a los perjuicios que las compañías puedan sufrir por este tipo de situaciones.

Asimismo, la asociación destacó el desequilibrio existente entre los derechos y obligaciones de los usuarios y las operadoras, ya que cuando éstas incurren en incumplimientos de los servicios contratados no indemnizan con las mismas cantidades a sus clientes.

FACUA considera que estas penalizaciones son abusivas por ser desproporcionadas las cantidades que se cobran, conforme a lo establecido en el artículo 80 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Entre otros, el artículo 82.1 del texto define como cláusulas abusivas las que "causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Además, aunque las cantidades con las que penalizan se ajustaran a los perjuicios sufridos por las compañías, al no aclararlas en los contratos siguen vulnerando el artículo 89 del Real Decreto Legislativo, que considera abusivas "las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato".

Modelo de reclamación

FACUA insta a los usuarios afectados a que denuncien estas prácticas ilegales ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas. Para ello, ha dispuesto un formulario de reclamación que puede ser utilizado por los usuarios que quieran denunciarlas:

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