Espacio Asociativo

Las asociaciones son agrupaciones ciudadanas que se organizan para promever actuaciones y medidas concretas sobre asuntos de la sociedad civil.

La Diputación promueve, apoya y difunde a las asociaciones de la provincia a través de distintas actuaciones y medidas. Desde esta sección, podrás acceder a una serie de recursos, noticias y materiales de interés para las asociaciones.

FACUA prepara una batería de denuncias contra empresas que usan líneas 902 para la atención al cliente

FACUA-Consumidores en Acción prepara una batería de denuncias contra empresas que obligan a llamar a prefijos 902 y 901 como teléfonos de atención al cliente. La asociación advierte de que el uso de estas líneas, que hinchan las facturas de los usuarios, vulnera la legislación estatal y europea.

FACUA insta a las empresas que usan estos teléfonos a que procedan a su inmediata sustitución por numeraciones fijas con prefijo geográfico o móviles. Además de implicar un precio muy superior al de las llamadas realizadas desde móviles a líneas convencionales, las comunicaciones con prefijos 902 y 901 no están incluidas en los bonos y tarifas planas de los contratos de telefonía fija y móvil.

Bancos, aseguradoras, aerolíneas, compañías de telecomunicaciones, grandes superficies comerciales, empresas alimentarias, de transportes, suministradoras de agua... Multitud de empresas de una larga lista de sectores utilizan estas líneas, que la normativa de telecomunicaciones define como de "tarificación especial". En muchos casos, lo hacen porque reciben de sus compañías de telecomunicaciones una remuneración por las llamadas recibidas, una práctica fraudulenta claramente prohibida por la legislación. En febrero de 2015, FACUA denunció por estas prácticas a 16 compañías ante las autoridades de consumo y telecomunicaciones, que no le han comunicado actuaciones al respecto.

FACUA advierte además de que, independientemente de que se lucren o no con ellas, las empresas que utilizan estas líneas contravienen el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En su artículo 21, relativo a los servicios de atención al cliente, dicha norma establece que "en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica". El texto transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea de derechos de los consumidores (Directiva 2011/83, de 25 de octubre de 2011).

El abogado del TJUE advierte de su ilegalidad

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar ha manifestado esta semana que considera ilegal el uso de este tipo de líneas de alto coste. Lo ha hecho después de que el Tribunal Regional de Stuttgart (Alemania) plantease una cuestión prejudicial ante el TJUE para aclarar si la directiva sobre los derechos de los consumidores prohíbe la utilización de teléfonos de atención al cliente cuyas tarifas superan las que los usuarios pagan por llamadas a líneas fijas con prefijos geográficos o números móviles estándar.

En sus conclusiones, leídas este 10 de noviembre, el abogado general propone al TJUE que responda afirmativamente a la cuestión planteada por el tribunal alemán. Szpunar recuerda que, según la directiva, los Estados miembros deben velar por que, cuando un comerciante opere una línea telefónica para que los consumidores puedan ponerse encontacto con él en relación con el contrato celebrado, aquéllos no se vean obligados a pagar un precio superior a la "tarifa básica".

Esto significa, según el Abogado General, que los costes facturados al consumidor no deben ser superiores a los de una llamada estándar a los precios normales demercado. Por lo tanto, los costes facturados al consumidor no pueden superar los costes habituales que se le habrían facturado por una llamada a un número de teléfono fijo (geográfico) o móvil estándar.

En efecto, un precio superior al abonado por una llamada a una línea telefónica ordinaria, debido a los costes adicionales generados, podría disuadir a los consumidores de ponerse en contacto con el comerciantepara cuestiones relativas, por ejemplo, a la fecha de entrega, a la facturación o a la garantía.

Según el abogado general, la Directiva establece una presunción absoluta de que el servicio de atención telefónica está incluido en el precio pagado por el consumidor, de modo que el uso de un teléfono sujeto a tarifas especiales equivaldría a hacerle pagar costes adicionales por el mismo servicio. El Abogado General añade que la cuestión de si el comerciante percibe o no una parte del precio que el consumidor paga por la llamada -algo que está expresamente prohibido en la legislación española- es en cualquier caso irrelevante para la respuesta que propone.

Las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del abogado general consiste en proponer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con absoluta independencia, una solución jurídica alasunto del que se ocupa. Los jueces del TJUE comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto para dictar la sentencia.

Un juez declara desproporcionada la 'multa' que cobra Vodafone Ono por el retraso en los pagos

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Monzón (Huesca) considera desproporcionada la penalización que Vodafone Ono cobra a sus clientes cuando se retrasan en el pago de una factura. Por este motivo, la sentencia condena a la compañía a devolver a un usuario los 303,84 euros que le cobró por este motivo, más los 21,32 euros de los gastos derivados de la reclamación que interpuso a la compañía, además del incremento del interés legal del dinero desde que el afectado denunció a la empresa.

Tras la campaña que puso en marcha FACUA-Consumidores en Acción contra este tipo de abusos llevados a cabo por las empresas de telefonía, su socio Ilich Luis A. M. decidió acudir a los tribunales en Monzón (Huesca) y denunciar su caso.

El juzgado de Monzón considera que no es incorrecto que la empresa cobre a los clientes cuando se retrasen en el pago de las facturas, tal y como se recoge en las condiciones generales del servicio de la empresa, pero las cantidades cobradas deben responder a gastos generados por la citada situación de retraso en el pago de la factura, como puedan ser gestiones, gastos financieros o de otro tipo.

El juez considera, sin embargo, que "no se han acreditado los servicios o perjuicios que los supuestos impagos generaron a Vodafone Ono" ni tampoco que el impago se haya producido. Por lo tanto, no se pueden "facturar cuantías sin que respondan a un coste efectivo o a un perjuicio real sufrido por la entidad", añade la sentencia.

FACUA denunció en 2013 este tipo de prácticas (penalizaciones por devolver un recibo, retrasarse en el pago o reestrablecer el servicio tras una suspensión temporal) por ser excesivas y desproporcionadas, sin que hasta la fecha haya obtenido ningún tipo de respuesta o resolución de las autoridades ante las que presentó sus denuncias: el extinto Instituto Nacional de Consumo (INC) -hoy integrado en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan)- y la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi). El organismo de Consumo se limitó a indicar, al recibir la denuncia de FACUA, que ya tenía iniciadas actuaciones sobre esta cuestión, sin que hasta la fecha hayan informado de en qué han derivado dichas acciones.

Por su parte, la Setsi simplemente remitió a la asociación el informe elaborado por las compañías denunciadas (Movistar, Orange, Vodafone, Ono y Yoigo) como respuesta a la denuncia presentada.

Por último, las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, que también recibieron denuncias de FACUA, se limitaron a derivar las denuncias al INC.

Penalizaciones excesivas y desproporcionadas

En sus denuncias de 2013, FACUA advirtió de que las cuantías de las penalizaciones que las compañías telefónicas imponen por impagos, retrasos o restablecimiento del servicio tras una suspensión temporal son excesivas y no resultan proporcionales a los perjuicios que las compañías puedan sufrir por este tipo de situaciones.

Asimismo, la asociación destacó el desequilibrio existente entre los derechos y obligaciones de los usuarios y las operadoras, ya que cuando éstas incurren en incumplimientos de los servicios contratados no indemnizan con las mismas cantidades a sus clientes.

FACUA considera que estas penalizaciones son abusivas por ser desproporcionadas las cantidades que se cobran, conforme a lo establecido en el artículo 80 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Entre otros, el artículo 82.1 del texto define como cláusulas abusivas las que "causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Además, aunque las cantidades con las que penalizan se ajustaran a los perjuicios sufridos por las compañías, al no aclararlas en los contratos siguen vulnerando el artículo 89 del Real Decreto Legislativo, que considera abusivas "las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato".

Modelo de reclamación

FACUA insta a los usuarios afectados a que denuncien estas prácticas ilegales ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas. Para ello, ha dispuesto un formulario de reclamación que puede ser utilizado por los usuarios que quieran denunciarlas:

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FACUA Cádiz forma a alumnos de enseñanza secundaria sobre el ahorro de energía en los hogares

FACUA Cádiz forma a alumnos de enseñanza secundaria sobre el ahorro de energía en los hogares

En centros de enseñanza de Medina Sidonia

FACUA Cádiz, en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Diputación provincial, va a impartir un taller sobre el ahorro de energía en los hogares a alumnos de enseñanza secundaria de los IES San Juan de Dios y Sidón del municipio de Medina Sidonia. Los talleres, catorce en total, se iniciaron el pasado 17 de octubre y está previsto que finalicen el próximo día 18 de noviembre

FACUA Cádiz recuerda que el consumo de energía en las familias no para de crecer, lo que se encuentra originado, fundamentalmente, por la instalación de nuevos equipos ¿ aires acondicionados, vitrocerámicas, cepillos de dientes eléctricos, etc.- junto con la adopción de unas pautas cotidianas de consumo de cierto derroche, como dejar las luces encendidas en habitaciones vacías o mantener el stand by de los aparatos electrónicos. Todo ello también supone para las familias un incremento del coste de, entre otros gastos, los correspondientes a los suministros de agua y electricidad.

La Asociación señala que, en cualquier casa, podemos encontrar alrededor de una veintena de aparatos eléctricos, utensilios que se adquieren, en principio, para que la vida sea más fácil y cómoda, y, con ello, tener que dedicar menos tiempo a las tareas domésticas.

Sin embargo, no debemos olvidar que estos  aparatos que requieren importantes cantidades de materias primas, materiales (plásticos, metales, goma, embalajes, etc.) y energía para su fabricación y que,  además, finalmente, suelen tener una vida relativamente corta. Normalmente, tras una avería de estos pequeños electrodomésticos la mayoría de los consumidores opta por comprar otro más moderno, ya que su reparación suele ser más cara, creando, de esta forma, directamente residuos difíciles de aprovechar.

Frente al consumismo y al despilfarro que se ha impuesto en la denominada sociedad de consumo, FACUA Cádiz propugna hábitos responsables en la producción y en el consumo. Con estos talleres, FACUA Cádiz pretender concienciar a los alumnos de la necesidad de adoptar pautas de conductas de consumo energético responsable que, entre otras cosas,  les permitan ahorrar energía sin que ello les suponga una disminución del grado de confort del que disfrutan.

A tal efecto, durante el taller se les enseñará, entre otras cuestiones, cómo pueden ahorrar en el uso de electrodomésticos y aparatos electrónicos, a valorar e incrementar la eficiencia energética de las viviendas, y, a adoptar pautas de consumo responsable en el transporte.

 

 

La luz ha subido un 24,6% en los últimos seis meses: 14,75 euros para el usuario medio

En seis meses, la evolución al alza ha sido del 24,6%: el recibo del usuario medio ha subido nada menos que 14,75 euros con respecto a abril, cuando estaba en 60,03 euros. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. En octubre, la factura subió por sexto mes consecutivo: el incremento de este último mes ha sido del 8,4%, el segundo mayor en lo que va de año, y sitúa la factura mensual media en 74,78 euros (impuestos indirectos incluidos).

La subida de octubre se suma a las del 1,5% de septiembre, el 0,9% de agosto, el 1,6% de julio, el 9,6% de junio y el 0,8% de mayo, después de un comienzo de año en el que se produjeron sucesivas disminuciones en el recibo gracias al mayor peso que tuvieron las renovables.

El recibo está ya muy cerca de los 76,81 euros que alcanzó el pasado diciembre. FACUA advierte además de que las bajadas que se produjeron en los cuatro primeros meses del año no compensaron en absoluto la gran subida que se produjo durante la legislatura 2012-2015, un 16,2% que representó 500 euros acumulados para el usuario medio.

El precio del kWh sube un 36,5% en seis meses

FACUA realiza sus estudios a partir de la tarifa PVPC aplicada en domicilios cuyos contadores aún no tienen la tarificación por horas. En ellos utiliza un perfil de usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh mensuales, la media en España según un análisis de la asociación sobre varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.

El recibo del usuario medio se situó en 74,78 euros en octubre, siempre en los casos de usuarios con contadores sin la tarificación por horas. En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh supuso durante el mes pasado una media de 15,07 céntimos (11,85 más impuestos), un 36,5% más caro que seis meses atrás. FACUA recuerda que cuando se aplica un precio distinto cada hora, las tarifas suelen ser globalmente más elevadas, ya que en las horas de mayor consumo el kWh es más caro. En cuanto a la tarifa por la potencia contratada, se mantiene en 4,46 euros por kW al mes (3,50 más impuestos).

FACUA reclama diálogo al nuevo Gobierno

FACUA insiste en reclamar un cambio radical en el sistema tarifario, donde las elevadas tarifas son fruto de la especulación de las grandes eléctricas en el mercado mayorista. Además, la asociación denuncia que los últimos gobiernos no han garantizado el imperativo de proteger a los consumidores vulnerables, tal y como establece la normativa europea. El fallido bono social ha sido en los últimos años una auténtica pantomima: inaccesible para multitud de familias sin recursos debido a que su acceso no se establece sobre la base de criterios de renta.

En este sentido, FACUA reclama al nuevo Gobierno del PP que dialogue con el conjunto de partidos y con las organizaciones de defensa de los consumidores para rediseñar la política energética, que sólo viene beneficiando a las grandes compañías del sector. Así, exige medidas para reducir los dramáticos niveles de pobreza energética, que llevan muchos años abocando a tantas familias a sufrir cortes de suministro, especialmente graves en épocas de temperaturas extremas. Ante la llegada del frío, el Ejecutivo debería garantizar, demanda la asociación, que ninguna familia se quede sin luz si no tiene capacidad para pagarla.

La sentencia del Supremo del bono social deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno

FACUA-Consumidores en Acción considera que la sentencia del Supremo que tumba el sistema de financiación del bono social eléctrico deja en evidencia el fracaso del modelo energético que mantiene el Gobierno, heredero de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad. La decisión del alto tribunal vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema que es continuamente cuestionado en los tribunales, algo que encarece continuamente el servicio y que por lo tanto convierte a los consumidores, la parte más vulnerable, en los principales perjudicados, más aún en este caso, cuando se trata precisamente de dar cobertura, a través del bono social, a la población más desprotegida y en riesgo de padecer exclusión energética.

En su sentencia, el Supremo considera que no está suficientemente justificado el sistema de financiación del bono social, que recae sobre determinadas empresas, obligadas a financiar el descuento que se realiza en la factura de la luz a las familias con menos recursos económicos. La sentencia recoge, además, que ahora habrá que devolver las cantidades que las compañías afectadas han aportado para este sistema con intereses.

El Supremo valora que, dado que el sector eléctrico está liberalizado y en él operan empresas privadas en un sistema de libre competencia, las obligaciones de servicio público que el Gobierno quiera imponerles tienen que estar claramente definidas, justificas, ser transparentes, no discriminatorias y controlables.

FACUA recuerda que es la segunda vez que el Supremo tumba el sistema de financiación del bono social. Ya ocurrió en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba (en vigor desde 2009) y tuvo que ser modificado. Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora se ha vuelto a anular.

La asociación entiende que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social. El hecho de que las decisiones legislativas que toma el Gobierno en este sector sean sistemática y continuamente recurridas en los tribunales por las grandes multinacionales que operan en el mercado español, es buena muestra de ello. Tanto el sistema de financiación de las energías renovables como el modelo de establecimiento de la tarifa regulada de la luz han sido previamente denunciados por las empresas, a lo que ahora se suma el sistema de financiación del bono social.

Este estado permanente de litigio provoca un encarecimiento de un servicio con el que los consumidores están profundamente en descontento, tanto por el desproporcionado coste de la electricidad como por las continuas irregularidades que cometen las compañías, valora FACUA.

La asociación considera evidente que el proceso de liberalización del sector eléctrico llevado a cabo desde la última legislatura de Felipe González no ha servido para beneficiar a los consumidores, que ven cómo aumenta desproporcionadamente la factura de la luz y cómo es cada vez más complicado acceder a un servicio esencial como este, en el que no hay información suficiente sobre cómo se factura, sobre las empresas que operan en el sector y en el que constantemente se están cometiendo irregularidades que terminan repercutiendo siempre sobre los más vulnerables.

Un sistema de acceso excluyente

FACUA recuerda que, además, el sistema para poder ser beneficiario del bono social es excluyente e impide el acceso a numerosas familias en riesgo de exclusión. Así lo denunció la asociación en 2014.

Si bien con anterioridad se trataba de un precio fijo, a partir de 2014 pasó a ser un descuento sobre la tarifa semirregulada, por lo un bono que pretendía asistir a las familias más vulnerables y con dificultades para acceder al sistema, quedaba sujeto a las oscilaciones del mercado: cuando sube el precio de la luz, sube el precio del bono social.

Para acceder al descuento de un 25% sobre la tarifa semirregulada (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC) hay que tener contratada una potencia inferior a 3,3 kW o, en el caso de que sea menor de 10 kW, encontrarse en uno de estos tres supuestos: ser pensionista con prestaciones mínimas y más de 60 años de edad, ser familia numerosa o vivir en un hogar en el que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.

Además, el sistema establece un criterio de renta máxima para poder acceder al descuento. El máximo de ingresos está en el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros). Si en el hogar vive más de una persona, para la segunda persona el tope está en el 70% del salario mínimo (7.588 euros) y para la tercera y siguientes, el 50% (5.420 euros). Esto es, una familia con dos personas que reciben una pensión y la pensión es el 75% del salario mínimo quedaría fuera de poder solicitar la ayuda.

FACUA Cádiz alerta nuevamente de fraudes en las revisiones de las instalaciones de gas butano

Desde principios de esta semana, FACUA Cádiz está atendiendo quejas de vecinos de San Fernando que le denuncian que han recibido la visita en sus domicilios de empleados de una empresa instaladora de gas que pretenden de revisar sus instalaciones sin que se ello les haya sido solicitado.

Hay igual que en casos anteriores,  los operarios se personan en las viviendas argumentando que se trata de una revisión obligatoria a la que los usuarios no pueden negarse y que, por ello, se les debe permitir el acceso. Una vez dentro del domicilio, cobran importes desorbitados por sus servicios.

FACUA Cádiz recomienda que no se permita la entrada a los domicilios a ninguna empresa que nos visite sin que se lo hayamos solicitado, y que no atendamos a las excusas o justificaciones que los operarios puedan utilizar para convencernos de lo contrario. En caso de que insistan en ello, esta organización recomienda que solicitemos la presencia de la Policía.

A aquellos usuarios que hayan sido víctimas de este fraude, esta organización les insta a presentar una denuncia contra la empresa ante el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. En caso de que los trabajadores hayan incurrido en conductas susceptibles de ser consideradas como amenazas o coacciones también es conveniente denunciar el caso ante la Policía.

FACUA Cádiz recuerda que el usuario está obligado a revisar la instalación de gas butano cada cinco años, debiendo requerir, para ello, los servicios del instalador autorizado que libremente elijamos, no siendo obligatorio ni necesario encargar este cometido al que nos haya visitado sin que se lo hayamos solicitado.

Finalmente, la Asociación recuerda que los usuarios pueden seguir comunicándole sus dudas y quejas respecto de esta cuestión, para lo que pueden contactar con esta organización, entre otras formas, a través del Teléfono del Consumidor de FACUA Cádiz, 956 259 259, o de su web http://www.facua.org/cadiz.

 

 

FACUA Cádiz reclama a la Junta de Andalucía que recupere la gestión pública de los servicios concertados con los hospitales del Grupo Clínicas Pascual

FACUA Cádiz reclama a la Junta de Andalucía que recupere la gestión de los servicios sanitarios que, desde hace años, prestan, en virtud de un concierto suscrito con la Consejería de Salud, los hospitales del Grupo Clínicas Pascual.

Recientemente, el Delegado en la provincia de Cádiz del gobierno andaluz, Fernando López Gil, confirmaba, durante el transcurso de una comparecencia ante los medios de comunicación, que esta administración está intentando nuevamente alcanzar un acuerdo con dicha empresa, tras haber finalizado el concierto que se mantenía con la misma y tras la decisión de ésta de no concurrir a los concursos convocados por la Consejería de Salud.

A su vez, López Gil afirmaba que el acuerdo con el Grupo Pascual era positivo para la provincia, y señalaba que si, finalmente, el mismo no fuera posible, se optaría por otras fórmulas de gestión.

FACUA Cádiz discrepa con la postura del Delegado del Gobierno de la Junta y, por el contrario, mantiene que el concierto con el Grupo Clínicas Pascual no sólo no ha resultado beneficioso para la provincia de Cádiz sino que la ha perjudicado, dado que, al optar por esta fórmula de gestión, la administración andaluza no ha efectuado las inversiones necesarias lo que provoca que, actualmente, se padezca el déficit que la propia administración reconoce y que, atendiendo a las declaraciones de López Gil, parece que le impone la necesidad de renovar el acuerdo con la mencionada empresa.   

La Asociación de Consumidores denuncia que el concierto de servicios públicos sanitarios con el sector privado de forma indefinida y, como en el caso del suscrito con el Grupo Pascual, de manera generalizada (asistencia hospitalaria general y no sólo algunos servicios) no es otra cosa que privatizar la sanidad pública.

Por ello, lamenta que el partido actualmente en el gobierno autonómico se oponga en otras Comunidades Autónomas a la privatización del sistema sanitario y, en nuestra provincia (que es la que mantiene un mayor número de hospitales concertados de toda la comunidad autónoma),  defienda esta opción.

En lugar de ello, FACUA Cádiz reclama que se recupere la gestión pública de la sanidad, lo que, según esta organización, resulta mucho más rentable económicamente para las arcas públicas y, a su vez, permite que el objetivo sea la mejora continua de la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios, sobre los que la administración pública puede ejercer un mayor y mejor control que cuando éstos son dispensados desde una empresa privada. 

Para la Asociación resulta paradójico que la Consejería de Salud esté tramitando un expediente  contra el Grupo Pascual por la campaña puesta en marcha por el mismo sobre las listas de espera en el SAS,  que la propia Junta de Andalucía llegó a calificar como ¿inadmisible¿, y que, a pesar de ello, se esfuerce en recuperar el acuerdo.

Por ello, FACUA Cádiz reclama a la Junta que no sólo renuncie de una vez por todas a prolongar el concierto con el grupo Pascual sino que, además, también descarte que los servicios que actualmente le presta este Grupo se adjudiquen a otras empresas privadas.

FACUA reclama una ley que regule los servicios de atención al cliente

Acabar con el sobrecoste de las líneas 902, paralizar el cobro de las facturaciones sobre las que haya descuerdo hasta que se resuelvan las quejas y establecer compensaciones económicas cuando se sufren irregularidades en la facturación o retrasos en las respuestas a las reclamaciones. Son tres de las diez reivindicaciones que plantea FACUA-Consumidores en Acción en la necesaria regulación de los servicios de atención al cliente, sobre los que los últimos gobiernos de PSOE y PP anunciaron leyes que nunca vieron la luz.

Los cambios que reclama la asociación están recogidos en El servicio de atención al cliente perfecto: 10 compromisos que las empresas deberían asumir, título del nuevo capítulo de Timocracia, editado por FACUA y su Fundación. Se trata del segundo libro del periodista Rubén Sánchez, portavoz de la asociación, que se publica gratis y por entregas en la web Timocracia.com. En él se enumeran 300 trampas con las que empresas y gobiernos toman el pelo a los consumidores.

FACUA denuncia que los graves abusos que se dan en numerosos sectores empresariales hacen necesaria una ley que establezca parámetros de calidad en sus servicios de atención al cliente y la obligación de abonar compensaciones económicas a los usuarios que no reciban respuestas a sus reclamaciones en determinados plazos. Además, la asociación reclama que la solución a los abusos no se limite a devolver las cantidades cobradas indebidamente o el cumplimiento de las ofertas comerciales y los contratos, sino que impliquen el pago de indemnizaciones a los consumidores para que se vean realmente resarcidos por los perjuicios causados.

Llamamiento a las fuerzas políticas

Así, la asociación insta a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a que impulsen la aprobación de una ley de servicios de atención al cliente y que su contenido recoga las reivindicaciones de las organizaciones de consumidores. Los intentos de poner en marcha una ley de estas características por anteriores gobiernos fueron frenados, entre otros motivos por la presión de distintos sectores empresariales.

FACUA advierte de que uno de los grandes abusos que sufren los consumidores es el uso de líneas 902 por parte de una larga lista de empresas de todos aquellos sectores donde la ley no obliga a tener números gratuitos de atención al cliente. FACUA advierte de que la legislación establece que las llamadas a estos teléfonos no pueden suponer un coste superior al de la "tarifa básica", pero las autoridades de consumo y telecomunicaciones no han intervenido para interpretar qué significa eso, por lo que los usuarios siguen sufriendo el elevado que representan estas llamadas, que además no están incluidas en los bonos y tarifas planas de las compañías de telefonía.

Otro de los problemas que padecen multitud de usuarios es que los servicios telefónicos de atención al cliente e información comercial no les envían por escrito confirmación de la apertura de sus reclamaciones con un resumen de las mismas. Esto provoca que muchas quedan sin respuesta y cuando los consumidores vuelven a llamar para preguntar los motivos, les contestan que no existe constancia de que nunca se formulasen esas quejas.

Anulado otro cargo de Iberdrola a un usuario por alterar supuestamente su contador: le pedía 3.130 euros

El Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia ha anulado un cargo de 3.130 euros que Iberdrola reclamó a un usuario tras responsabilizarle de la supuesta manipulación de su contador.

Así lo ha estipulado dicho organismo después de estimar la denuncia de FACUA Comunidad Valenciana, que alertó a la Consellería de Industria de que uno de sus socios, R.A.O., había recibido un aviso de cobro por parte de la compañía eléctrica a consecuencia de una alteración en el contador que le atribuía a él mismo.

La resolución justifica su veredicto en el hecho de que "al estar los equipos en recintos donde el consumidor no tiene acceso exclusivo, cualquier alteración de los mismos no puede imputarse al usuario sin antes desplegar una completa actividad de investigación", lo que genera al afectado una situación de "indefensión".

"No consta que se notificara al interesado la fecha y hora de la realización de la inspección, no estando presentes en la misma testigos o agentes de la autoridad que refrenden la manipulación alegada por la empresa distribuidora, la cual se subsana de inmediato, quedando como única evidencia la propia acta suscrita por el personal de la empresa", añade la resolución.

FACUA viene denunciando multitud de casos de usuarios afectados por este tipo de prácticas fraudulentas por parte de las eléctricas, no sólo de Iberdrola. Entre las resoluciones más significativas de las que ya se acumulan a favor de los afectados, destaca la devolución a otra socia de FACUA de 1.848,60 euros, también por parte de Iberdrola, tras imputar ésta a la afectada la manipulación de su contador en su segunda residencia de Alicante. En este caso, fue el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el organismo que instó a la empresa a la devolución del importe cobrado indebidamente, ya que la alteración del aparato resultó ser falsa.

Varios precedentes

O también la notificada el pasado mes de junio, en la que un juez de Madrid dio la razón a otro socio de FACUA tras una reclamación similar. En este caso, la sentencia dejaba sin efecto el recibo de 1.178 euros que la eléctrica exigía a su cliente con idéntico pretexto. El juicio, por cierto, se había abierto a instancias de la propia Iberdrola, que acabó acatando el fallo contrario a sus intereses y viéndose obligaba a anular el cargo.

La asociación viene pidiendo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que promueva sanciones a las principales eléctricas (Endesa y Gas Natural Fenosa, además de la propia Iberdrola) por responsabilizar a los consumidores de falsas manipulaciones de contadores, y de lucrarse con ello.

De hecho, la legislación del sector establece el pago de incentivos a las eléctricas por los casos de fraudes que detecten. En este sentido, la CNMC ya ha reconocido la necesidad de revisar ese actual sistema de incentivos proponiendo que sean las propias eléctricas las que sufraguen las pérdidas por ese concepto, y no el consumidor final

La bombona de butano, un 22% más cara durante el Gobierno de Rajoy que en la segunda legislatura de ZP

Los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluidos los diez meses que lleva en funciones, han sido un 21,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, según pone de manifiesto un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción.

El estudio de FACUA revela que el precio de la bombona de 12,5 kg. ha pasado de los 12,86 euros de media que supuso a lo largo del segundo Gobierno de Zapatero a los 15,67 euros que ha costado en el de Rajoy hasta este 19 de septiembre.

Este martes día 20 entra en vigor un nuevo precio máximo para el butano, de 11,73 euros, un 4,1% por encima de los 11,27 euros vigentes desde el pasado 19 de julio.

Ha pasado de 12,86 a 15,67 euros

Durante los 1.735 días que han transcurrido desde la investidura de Rajoy, los precios máximos de la bombona de butano han cambiado dieciséis veces (dos de ellas por la introducción del impuesto de hidrocarburos y la subida del IVA del 18 al 21%). Prorrateados en función del número de días que han estado en vigor cada uno de ellos, el precio medio durante este Gobierno del PP (hasta este 19 de septiembre) ha sido de 15,67 euros

En el segundo Gobierno de Zapatero los precios máximos cambiaron en trece ocasiones (uno de ellos por la subida del IVA del 16 al 18%). El análisis de FACUA revela que el precio medio fue de 12,86 euros, un 19,1% más caro que durante la anterior legislatura del presidente socialista; en ella cambiaron doce veces los precios máximos y el importe medio fue entonces de 10,80 euros.

Máximo histórico de 17,50 euros

El máximo histórico de la bombona de butano han sido los 17,50 euros que tuvieron que pagar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (672 días). El precio más alto que tuvo la bombona durante los gobiernos de Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

FACUA reclama otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores.

La bombona, durante la segunda legislatura de Zapatero

- 11 de abril de 2008 (investidura): 14,20 euros (81 días)

- 1 de julio de 2008: 13,86 euros (184 días)

- 1 de enero de 2009: 13,60 euros (90 días)

- 1 de abril de 2009: 10,57 euros (91 días)

- 1 de julio de 2009: 10,58 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2009: 10,79 euros (92 días)

- 1 de enero de 2010: 11,16 euros (90 días)

- 1 de abril de 2010: 11,78 euros (91 días)

- 1 de julio de 2010: 12,55 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2010: 12,89 euros (92 días)

- 1 de enero de 2011: 13,30 euros (90 días)

- 1 de abril de 2011: 14,10 euros (91 días)

- 1 de julio de 2011: 14,90 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2011: 15,19 euros (81 días)

Precio medio: 12,86 euros

La bombona, durante el gobierno de Rajoy

- 21 de diciembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 días)

- 1 de abril de 2012: 15,64 euros (91 días)

- 1 de julio de 2012: 16,55 euros (62 días)

- 1 de septiembre de 2012: 16,97 euros (30 días)

- 1 de octubre de 2012: 16,20 euros (92 días)

- 1 de enero de 2013: 16,33 euros (84 días)

- 26 de marzo de 2013: 17,13 euros (49 días)

- 14 de mayo de 2013: 17,50 euros (672 días)

- 17 de marzo de 2015: 15,81 euros (63 días)

- 19 de mayo de 2015: 14,12 euros (56 días)

- 14 de julio de 2015: 13,42 euros (63 días)

- 15 de septiembre de 2015: 12,76 euros (63 días)

- 17 de noviembre de 2015: 12,68 euros (63 días)

- 19 de enero de 2016: 13,11 euros (56 días)

- 15 de marzo de 2016: 12,47 euros (63 días)

- 17 de mayo de 2016: 11,85 euros (63 días)

- 19 de julio de 2016: 11,27 euros (63 días)

- 20 de septiembre de 2016: 11,73 euros

Precio medio: 15,67 euros

El medicamento para niños Dalsy omite en su prospecto algunos efectos secundarios, advierte FACUA

FACUA-Consumidores en Acción ha notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMPS) que el ibuprofeno Dalsy 20 mg/ml suspensión oral, indicado para niños de tres meses hasta los 12 años, omite en su prospecto otros efectos secundarios relacionados con la capacidad psicomotriz de los menores que podrían llegar a sufrir los que lo consuman.

En su escrito, la asociación ha advertido a la AMPS de que el medicamento contiene un colorante amarillo anaranjado, catalogado como E-110, que puede provocar en algunos casos "efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños", según contempla el Reglamento (CE) 1333/2008 del Parlamentio Europeo sobre aditivos alimentarios.

Sin embargo, FACUA subraya que en el prospecto que acompaña al Dalsy (que aunque es un medicamento, sí contiene esa sustancia) no se hace alusión a estos posibles efectos secundarios. En las indicaciones del ibuprofeno únicamente se hace referencia a que la inclusión del colorante "puede producir reacciones alérgicas", y ello a su vez desembocar en "asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico".

La asociación considera necesario recalcar que en el prospecto del medicamento se omite la advertencia que sobre dicho colorante contempla la normativa europea. En este sentido, recuerda que el Reglamento del Parlamento Europeo es de directa aplicación en España y, por tanto, el aviso sobre el E-110 debe ser necesariamente incluido para conocimiento de todo aquel que pueda administrar Dalsy a un menor.

Dosis del E-110

FACUA no cuestiona la utilización del colorante por parte de Dalsy y da por hecho que la cantidad utilizada del citado colorante se ajusta a los parámetros permitidos en cuanto a las dosis a incluir. Sí considera, en cambio, exigible que el medicamento advierta de la totalidad de los efectos adversos que pueden provocar en los niños, y no sólo los peligros para los alérgicos, que son los únicos que notifican.

Por ello, la asociación reclama a la AMPS que adopte cuantas medidas sean necesarias para garantizar que en el prospecto emitido para la comercialización del Dalsy 20 mg/ml suspensión oral se recojan expresamente la totalidad de los riesgos que el uso del medicamento puede conllevar para los niños.

Fraude en el alquiler de contadores: tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a Endesa con 1,8 millones

Tras la denuncia presentada por FACUA Andalucía en 2014, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes sancionar a Endesa Distribución con 400.000 euros y el comiso de 1,39 millones de beneficio ilícito por aplicar a 350.000 usuarios tarifas ilegales por el alquiler de sus contadores de la luz. Al igual que el resto de grandes distribuidoras, tras sustituir los contadores por sus nuevos equipos de medida digitales, la compañía ha venido cobrando las tarifas que la normativa del sector sólo permite cuando tienen activada la telegestión, pese a que cientos de miles de equipos no ofrecían estas prestaciones.

La denuncia de FACUA Andalucía, presentada en noviembre de 2014 ante la Secretaría General de Consumo, fue derivada por ésta al Servicio de Consumo de Jaén, que procedió a archivarla. La federación de consumidores presentó un recurso en julio de 2015. La Junta notificó a FACUA en octubre de 2015 que procedía a abrir expediente sancionador, sin que hasta la fecha le haya facilitado más información sobre el caso.

FACUA Andalucía muestra su satisfacción ante este éxito en la lucha por los derechos de los consumidores e insta al resto de gobiernos autonómicos a que sancionen a las grandes distribuidoras eléctricas por este fraude masivo. Las irregularidades fueron también denunciadas por FACUA ante el resto de autoridades autonómicas de protección al consumidor a finales de 2014 y ante el Ministerio de Industria. En este sentido, la organización denuncia la pasividad del Ministerio ante este fraude masivo, pese a que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya le ha advertido de su ilegalidad en dos informes.

Asimismo, FACUA Andalucía valora de forma positiva que por fin, tras sus históricas reivindicaciones, la autoridad de consumo andaluza haya incluido en una sanción el comiso de la cantidad defraudada. No obstante, la federación critica que la Junta de Andalucía no la haya informado de la decisión de multar a Endesa y lamenta que el Ejecutivo haya decidido ocultar, en la información que ha difundido públicamente, que la sanción es fruto de una denuncia de FACUA Andalucía.

FACUA ganó una demanda contra Endesa

El pasado julio, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla dictó una sentencia (descárgala aquí) en la que determina que Endesa incurre en cláusulas abusivas al cobrar por el alquiler de sus nuevos contadores una tarifa que sólo es aplicable si estos tienen habilitadas las prestaciones propias de la telegestión.

La demanda fue interpuesta por la secretaria general de FACUA Sevilla, Rocío Algeciras, en el marco de la campaña que la organización desarrolla a nivel nacional a través de la web FACUA.org/contadores para promover que los usuarios lleven a los tribunales a las eléctricas por hinchar un 50% las tarifas del alquiler de los contadores.

Al igual que Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP HC Energía y E.On, Endesa ha venido cobrando 81 céntimos mensuales por el alquiler de contadores habilitados para la telegestión pero sin que ésta funcionase aún. El importe representa 33 céntimos por encima de la tarifa autorizada para estos equipos de medida, ya que sus prestaciones recibidas son las mismas que las de un contador analógico.

Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados, por los que se estaba cobrando un precio de alquiler "abusivo" e incurriéndose en una infracción "muy grave" de la normativa de protección al consumidor.

400.000 euros y el comiso de los 1,39 millones de beneficio

Una vez analizadas y descartadas las alegaciones de la compañía, la Junta ha decidido imponer la cuantía más elevada de las previstas para las cláusulas abusivas en contratos, 400.000 euros, "al darse el agravante de reiteración por haber sido ya sancionada la distribuidora en los dos años anteriores y haber ocasionado perjuicios valorados en más de 50.000 euros", según el comunicado hecho público por el Ejecutivo autonómico.

De igual modo, la administración autonómica ha tenido en cuenta que Endesa ha cometido la infracción valiéndose de su situación preeminente en un sector, como el de la distribución eléctrica, que presta un servicio de uso ordinario y generalizado. La compañía cuenta con más de 4,64 millones de abonados en Andalucía, acaparando el 94 por ciento del total.

En cuanto al comiso del beneficio de 1,39 millones de euros, esta cantidad resulta de multiplicar la cifra de 351.050 contadores de telegestión instalados irregularmente en Andalucía por los 3,96 euros anuales de más (0,33 mensuales, IVA incluido) que la compañía cobró indebidamente por su alquiler durante el año 2014.

FACUA pide a la CE que exija a Volkswagen indemnizaciones para los afectados por el fraude

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido este jueves a la Comisión Europea que exija a Volkswagen una compensación para los afectados por el fraude de las emisiones. Ángeles Castellano, directiva de FACUA, ha resaltado, en una reunión en Bruselas con la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, en la que han participado representantes de diferentes organizaciones de consumidores europeas, la falta de respuesta de la compañía a los usuarios, así como la inacción de las autoridades españolas.

En este sentido y ante la desprotección de los consumidores por parte de las autoridades nacionales, Castellano ha pedido a la comisaria que intervenga para llevar a cabo una acción conjunta en defensa de todos los consumidores europeos, que además están en desventaja frente a los estadounidenses.

En este país, la compañía ha admitido públicamente que los usuarios tienen derecho a recibir una compensación económica por el fraude cometido y ha negociado con las autoridades las cantidades que deberán recibir. Mientras tanto, a los consumidores europeos se les niega dicha indemnización, y les está obligando a acudir a los tribunales en un proceso lento, costoso y en el que s encuentran en una posición de fuerte desventaja frente al gigante alemán.

Volkswagen manipuló los vehículos diésel con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación de los nuevos modelos pero que una vez en carretera dejaban que los coches contaminasen muy por encima de los límites legales. El fraude, que afecta a alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo, tiene casi 700.000 en España.

La directiva de FACUA ha recordado a la comisaria la falta de presión de las autoridades europeas  a la compañía desde que se conoció el fraude en septiembre de 2015 hasta ahora, para poder llegar a soluciones que paen, entre otras cuestiones, por ofrecer una indemnización a los usuarios.

El pasado lunes, Jourová indicó en rueda de prensa que "con la información disponible, se confirma la falta de información que Volkswagen proporcionó a los consumidores y también que, en una mayoría (de los casos), infringió las reglas contra prácticas desleales". En este encuentro con los medios de comunicación, la comisaria anunció la reunión prevista con las organizaciones de consumidores, como parte de la ronda de contactos que pretende mantener a lo largo del mes de septiembre para tratar de buscar una solución que atienda a los intereses de los consumidores europeos. El día 29 se reunirá con las autoridades nacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas de la UE en cada Estado miembro.

Denunciado ante las autoridades españolas desde septiembre

Tras conocer el fraude el pasado mes de septiembre, FACUA lo denunció ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Además, la asociación presentó una batería de denuncias ante las autoridades de Consumo de las 17 comunidades autónomas. Hasta la fecha, sólo Andalucía, Galicia y Castilla La Mancha han abierto expedientes sancionadores contra el grupo Volkswagen.

La asociación puso en marcha en septiembre una plataforma de afectados para asesorarles sobre sus derechos y plantear reivindicaciones a las autoridades competentes. A ella se han sumado más de 42.000 usuarios de toda España, lo que representa el mayor colectivo de víctimas del fraude en toda la Unión Europea.

Ante la pasividad de la CNMC y las autoridades de Consumo, FACUA decidió personarse en la causa que se sigue contra Volkswagen en la Audiencia Nacional, en la que representa ya a más de cinco mil afectados.

El pasado 27 de julio, el Juzgado central de Instrucción número 2, donde se lleva el caso, indicó la aceptación de la personación de FACUA.

Ya son más de 5.000 los propietarios de vehículos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda que han pedido a FACUA que los represente en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Para que los afectados puedan seguir sumándose a la querella al objeto de reclamar una indemnización económica, la asociación ha habilitado una plataforma web, cuya dirección es FACUA.org/QuerellaVW.

El equipo jurídico de FACUA pretende reclamar tanto las responsabilidades penales por este fraude masivo como las civiles, esto es, indemnizaciones económicas para los socios de la organización a los que represente, ejerciendo la acusación particular en su nombre.

Aunque decidirá en su momento la cuantía de la responsabilidad civil y las posibles indemnizaciones que corresponda reclamar, la cifra de inicio que se tomará como referencia es la de 4.400 euros (5.000 dólares), que es la cantidad ofrecida por Volkswagen a los afectados en EEUU tras sus negociaciones con la Fiscalía General, las autoridades medioambientales y los Estados federados, cuyo acuerdo preliminar acaba de ser aprobado por un juez. En octubre está previsto que se dé luz verde definitiva a la marca para que comience a pagar las indemnizaciones.

FACUA denuncia que la habitual pasividad de las autoridades competentes ante un fraude masivo obliga una vez más a judicializar la búsqueda de compensaciones económicas para los afectados. La asociación mantiene abierto un segundo plazo hasta comienzos de septiembre para los conductores que quieran sumarse a la acción judicial a través de su equipo jurídico

FACUA detecta diferencias de hasta el 126% en los precios del aceite de oliva

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 76% (2,50 euros por litro) en el precio del aceite de oliva virgen de la misma marca en función del establecimiento donde se venda y de hasta el 126% (2,76 euros) entre la marca más cara y la más económica de aceite de oliva suave. Son dos de los datos que arroja el estudio comparativo (ver tablas) que ha realizado la asociación sobre los precios de cincuenta y dos marcas de aceites de oliva en seis cadenas de supermercados e hipermercados.

Las enormes diferencias de precios existentes en el sector ponen de manifiesto el importante ahorro que pueden obtener los consumidores si comparan antes de comprar, señala FACUA. Asimismo, la asociación reclama al Gobierno y las comunidades autónomas que realicen inspecciones sobre las calidades de las distintas marcas de aceite de oliva para verificar que se ajustan a su etiquetado. Inspecciones que también demanda sobre los precios, ya que en determinados casos, grandes superficies comerciales utilizan el aceite de oliva como producto gancho incurriendo en prácticas ilegales de ventas a pérdidas, que implican una competencia desleal y un grave perjuicio a los productores.

El estudio de FACUA, realizado en Alcampo, Carrefour, Dia, Hipercor, Lidl y Mercadona, compara los precios de 197 productos en envases plásticos o de lata de uno, dos, dos y medio, tres y cinco litros de las variedades de aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva intenso y suave. La visita a los comercios se realizó el 29 de agosto de 2016.

Precios medios por litro

El precio medio por litro de aceite de oliva virgen extra es de 4,97 euros en los envases de plástico de 1 litro (8,06 euros si el envase es de lata); de 5,07 euros en los de 2 litros; de 8,98 euros en los envases de lata de 2,5 litros; de 4,84 euros en los envases de 3 litros (8,10 euros si se trata de lata) y de 4,47 euros en los de 5 litros (5,82 euros en los envases de lata de 5 litros).

En cuanto a la variedad virgen, el precio medio del envase de plástico de 1 litro es de 4,57 euros; de 4,52 euros en el envase de 3 litros y de 4,05 por litro en el envase de 5 litros.

El coste medio del litro variedad oliva suave en envases de plástico de 1 litro es de 3,74 euros, de 4,58 en el envase de 2 litros, de 3,67 euros el envase de 3 litros y de 3,71 euros el envase de 5 litros (4,57 euros si es de lata).

El de oliva intenso es de 3,76 euros el envase de 1 litro, 3,14 euros el de 3 litros y 3,60 euros el de 5 litros.

Hasta un 126% de diferencia

Según el estudio realizado por FACUA este mes de agosto, los precios de aceite de oliva virgen extra en los envases de 1 litro oscilan desde los 3,85 de la marca Carbonell en Alcampo hasta los 6,19 euros de la misma marca en sus variedades hojiblanca, picual y arbequina, y de la marca Hojiblanca en sus variedades cornicabra, picual y arbequina, todas en Hipercor, una diferencia de 2,34 euros, el 60,8%.

En los de plástico de 5 litros de esta misma variedad, la diferencia supera los dos euros (2,40€) por litro (un 66,9%), desde los 17,94 euros (3,59 euros el litro) de Iznaoliva en Alcampo hasta los 29,95 euros (5,99 euros el litro) de Carbonell, en el mismo supermercado.

Para el virgen extra en envase de lata de 5 litros se ha constatado una diferencia del 32,1%, los 1,60 euros por litro que van de los 24,95 euros de Mueloliva en Alcampo (4,99 euros por litro) a los 32,95 euros de Hojiblanca (6,59 euros por litro) en este mismo supermercado.

En cuanto a la variedad virgen, los precios en la botella de plástico de 1 litro van de los 3,29 euros de Carbonell en Alcampo a los 5,79 de la misma marca en los supermercados Hipercor y Dia, lo que supone una diferencia de 2,50 euros (76,0%). En la garrafa de plástico de cinco litros, la diferencia se reduce al 61,7% (2,09 euros por litro), desde los 16,95 euros de Abril en Alcampo hasta los 27,41 euros de Carbonell en Hipercor.

Los de aceite de oliva denominados suaves (que en condiciones óptimas tendrían 0,4° de acidez) varían hasta un 126,0% en los envases de un litro (2,76 euros), desde los 2,19 euros de la marca Dia en el supermercado de su mismo nombre, hasta los 4,95 de Carbonell en dicho supermercado. En los recipientes de plástico de 5 litros, la diferencia llega al 52,2% (1,56 euros por litro), desde los 14,95 euros de La Masía en Carrefour hasta los 22,75 de Carbonell en Hipercor. Las diferencias de precios de los aceites de oliva de la variedad intenso (1°) alcanzan hasta el 109,6% (2,40 euros) en los envases de 1 litro, desde los 2,19 euros de Dia en el supermercado del mismo nombre, hasta los 4,59 euros de La Masía en Hipercor.

En los de plástico de 5 litros, los precios oscilan desde los 14,95 euros (2,99 euros el litro) de La Masía en Carrefour hasta los 22,65 euros (4,53 euros el litro) de La Española en Hipercor, una diferencia del 51,2% (1,54 euros por litro).

Una misma marca varía entre un 0% y un 76% en función del establecimiento

En los aceites de oliva virgen extra que se venden en más de un comercio, las diferencias que puede encontrar el consumidor en los precios de una misma marca oscila entre 0 y 1,94 euros en el formato del envase de plástico de un litro. Este último es el caso de Carbonell, cuyo envase de 1 litro se puede adquirir a 3,85 euros en Alcampo, su precio más barato, y a 5,79 euros en Carrefour, lo que supone una variación de un 50,4%.

Si el formato del envase de esta variedad es de 5 litros, la variación va desde los 24,25 euros (4,85 euros el litro) de la marca Verde Segura si se compra en Hipercor, a los 28,95 euros (5,79 euros el litro) si se adquiere en Alcampo, lo que supone una diferencia de 4,70 euros (19,4%).

Respecto a la variedad virgen, la diferencia máxima en envase plástico de un litro se ha encontrado en la marca Carbonell: los 2,50 euros que van desde los 5,79 euros en Hipercor y Dia hasta los 3,29 euros de Alcampo, un 76%. En el caso del envase de 5 litros, la diferencia es menor, del 13,3% (2,52 euros), de los 18,98 euros (3,80 euros por litro) de la marca La Casería de Santa Julia en Alcampo hasta los 21,50 euros (4,30 euros por litro) en Carrefour.

La mayor diferencia en la variedad suave de 1 litro se da en La Española, con un precio que va desde los 3,36 euros en Alcampo hasta los 4,58 euros en Hipercor, lo que supone una diferencia del 36,3% (1,22 euros). En el caso de los envases de 5 litros, la mayor diferencia es de 4,81 euros, 26,8% (96 céntimos el litro) en la marca Carbonell, que va desde los 17,94 euros en Alcampo a los 22,75 euros en Hipercor.

En la variedad intenso de 1 litro, la mayor variación se observa en la marca Coosur, cuyo precio oscila desde los 3,36 euros en Alcampo a los 4,35 en Hipercor, lo que supone un 24,5% de diferencia (99 céntimos) en función del establecimiento.

En los envases de 3 litros de oliva sabor intenso, las variaciones más elevadas se han encontrado en la marca La Masía. El precio más bajo podemos encontrarlo en Alcampo a 9,50 euros (3,17 euros el litro), y el más caro en Carrefour, 11,95 euros (3,98 el litro), lo que supone una diferencia de 2,45 euros por litro (el 25,8%) en función del establecimiento.

Evolución de los precios en un año

Las marcas de aceite de oliva virgen extra en envases de plástico de 1 litro han experimentado un encarecimiento medio de 37 céntimos por litro (7,9%) desde agosto de 2015. En el caso de los envases de plástico de 2 litros, la subida es de 14 céntimos por litro (2,8%), en los de 3 litros es de unos 4 céntimos por litro (0,9%). Los envases de lata en la capacidad de 2,5 litros han disminuido su precio medio por litro en 24 céntimos (2,6% menos), mientras que este mismo envase en los 3 litros ha aumentado su precio medio en 1,25 euros (18,2%).

En los de 5 litros de plástico ha subido una media de 21 céntimos por litro (4,8%). En cuanto al envase de lata de la misma capacidad y variedad, la diferencia es de 40 céntimos por litro (7,2%).

El precio medio del aceite de oliva virgen en el envase de plástico de 1 litro ha incrementado en 29 céntimos (6,8%); en los envases de 3 litros, 55 céntimos por litro (12,6%); y en el de 5 litros, 43 céntimos por litro (11,4%).

El aceite de oliva de variedad suave ha aumentado su precio en una media de 13 céntimos en el caso de los envases de plástico de 1 litro (3,6%), de 93 céntimos por litro en los de 2 litros (25,3%), de 24 céntimos en los de 3 litros (6,8%), y una media de 25 céntimos por litro en los envases de 5 litros (7,3%); 43 céntimos si el envase es de lata (10,4%).

En cuanto a la variedad intenso, ha incrementado su precio medio en 15 céntimos en los envases de 1 litro (4,2%), y en los envases de 5 litros, la diferencia es de 14 céntimos más de media por litro (4,1%).

Evolución de los precios en tres años

Las marcas de aceite de oliva virgen extra en envases de plástico de 1 litro han experimentado un encarecimiento medio de 1,07 euros por litro (28,6%) desde el último análisis publicado por FACUA realizado en agosto de 2013. En el caso de los envases de plástico de 5 litros, el incremento de precios es más notable, ha subido una media de 1,06 euros por litro (31,2%). En cuanto al envase de lata de la misma capacidad y variedad, la diferencia es de 1,35 euros (29,9%).

El precio medio del aceite de oliva virgen en el envase de plástico de 1 litro ha incrementado en 1,04 euros (29,3%) y en el de 5 litros, 1,13 euros por litro (37,92%).

El aceite de oliva de variedad suave ha aumentado su precio en una media de 51 céntimos en el caso de los envases de plástico de 1 litro (15,8%) y una media de 64 céntimos por litro en los envases de 5 litros (21%).

En cuanto a la variedad intenso, ha incrementado su precio medio en 56 céntimos en los envases de 1 litro (17,5%), y en los envases de 5 litros, la diferencia es de 58 céntimos más de media por litro (19,2%).

Cincuenta y dos marcas

Las cincuenta y dos marcas analizadas son 1881, Ábaco, Abril, Aliada, Auchan, Capricho Andaluz, Carbonell, Carrefour, Caserío de la Sierra, Conde de Benalúa, Coosur, Dcoop, Dia, Duende del Sur, El Corte Inglés, El Molino de Gines, Enoro, Framoliva, Fruto del Sur, Fuenroble, Germán Baena, Guillén, Hacendado, Hacholiva, Hacienda El Palo, Hipercor, Hojiblanca, Iznaoliva, Koipe, La Casería de Santa Julia, La Española, La laguna de Fuente de Piedra, La Masía, Loxa, Luque, Mar de Olivos, Molino de Huévar, Mueloliva, Oleocazorla, Oleoestepa, Olisone, Olivar centenario, Olivar de Segura, Olivo de Cambil, Oro Bailén, Oro Virgen, Puente Sierra, Sierra Mágina, Valdezarza, Verde Segura, Vistaoliva e Ybarra.

FACUA denuncia que multas como la de 3.000 euros a El Corte Inglés incentivan la venta a pérdidas

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que con multas insignificantes como la impuesta a El Corte Inglés de 3.005,70 euros por la venta a pérdidas de aceite de oliva sólo se consigue seguir promoviendo este tipo de prácticas fraudulentas y, por tanto, la competencia desleal.

Esta última sanción ha sido notificada por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tras la denuncia de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Una cantidad ínfima a juicio de la asociación, que considera ridículas las cuantías de este tipo de sanciones previstas en las normativas autonómicas de Consumo. Advierte, por ello, de que no resultan efectivas al no constituir medida disuasoria alguna de cara a los grandes superficies.

FACUA denuncia que este tipo de prácticas comerciales fraudulentas distorsionan de forma evidente el mercado y fomentan la competencia desleal entre los comerciantes y grandes superficies. Dos circunstancias que afectan de manera directa a los pequeños productores, que acaban siendo los grandes perjudicados. La resolución de Consumo de Madrid califica la infracción como "grave", pero sin embargo la sanción prevista a imponer resulta mínima. La UPA, pese a mostrar su alegría por la multa, también considera "evidente" que es "ridícula" para un gigante de la distribución como El Corte Inglés.

La denuncia fue interpuesta por este colectivo, además, contra Carrefour, Día y Supercor. Se presentó en enero de 2015 ante la Agencia estatal de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente de Agricultura, que a su vez remitió el expediente a las Comunidades Autónomas por ser las competentes en controlar las ventas a pérdidas.

El precedente de Murcia

De hecho, no es Madrid la primera que ha notificado una sanción por esta misma razón. En concreto, la Región de Murcia ya impuso en marzo de 2015 una multa a Carrefour, Lidl y Día de 10.000, 9.000 y 6.000 euros respectivamente por vender distintos productos a pérdidas, entre ellos aceite.  

FACUA recuerda que la Ley de la cadena alimentaria prohíbe las ofertas abusivas y el uso de productos reclamo por ser prácticas que perjudican a los productores al hundir el precio de los alimentos y suponer un engaño a los consumidores, ya que, según la UPA, las empresas recuperan el margen perdido mediante la venta de otros productos.

La asociación reclama a las Comunidades Autónomas que revisen las respectivas normativas vigentes y eleven la cuantía de las sanciones, a fin de evitar que las empresas reincidan en este tipo de ventas fraudulentas.

Málaga, la capital con el bonobús más caro de Andalucía, según el estudio anual de FACUA

FACUA Andalucía ha analizado las tarifas de los autobuses urbanos de diez ciudades andaluzas vigentes en 2016, tomando como referencia las ocho capitales de provincia y, además, Jerez de la Frontera y Linares (ver tablas).

El estudio, que forma parte de un análisis de FACUA sobre el precio que se cobra actualmente en treinta y ocho ciudades del territorio nacional, revela que, en lo que respecta a Andalucía, viajar en autobús cuesta de media 0,74 euros si se dispone de una tarjeta bonobús con trasbordo, y 1,13 euros si se compra un billete sencillo. El informe compara las tarifas del pase univiaje, los bonobús con y sin trasbordo. Igualmente, también se reflejan los precios de las tarjetas mensuales de aquellas ciudades que las ofertan.

En cuanto a los bonos con trasbordo (de 10 viajes), nueve de las diez ciudades analizadas, todas salvo Almería, lo ofrecen. Su precio medio alcanza los 7,40 euros. Las capitales con los bonos más caros son los de Málaga (8,30 euros) y Granada (7,90). Por contra, las capitales en las que los bonos resultan más económicos son Huelva (6,50 euros) y Cádiz (7). De las ciudades analizadas, es Linares la que presenta el precio más bajo: 6,40 euros.

En relación a los precios del trayecto usando bonobús sin trasbordo, sólo tres de las diez ciudades andaluzas analizadas, Almería, Jaén y Sevilla, lo ofrecen. El precio medio de los tres es de 0,70 euros. La capital de Andalucía es precisamente la única de las diez ciudades estudiadas que cuenta con los dos tipos de bonobús en su oferta.

Billete univiaje

En la Comunidad, el pase univiaje cuesta de media 1,13 euros, frente a los 1,23 euros que cuesta de media a nivel nacional. De las ocho capitales, los más económicos son los de Jaén, a 0,98 euros, y Almería, que vale 1,05 euros. Por el contrario, los más caros son los de Sevilla (1,40 euros), Málaga (1,30 euros) y Córdoba (también 1,30). Ésta última es la única capital en la que se ha producido un incremento en el precio respecto a 2015. Exactamente, la subida ha sido del 8,3%.

FACUA Andalucía considera razonable que el precio del trayecto univiaje sea más elevado en comparación con los del bonobús, debido a su carácter disuasorio por ser una modalidad de billete que suelen utilizar usuarios no habituales. Así, la asociación valora positivamente que se prime con ello a los pasajeros que apuesten por el transporte público.

Sevilla es la capital andaluza donde comprar un bonobús representa un ahorro más elevado con respecto al billete univiaje, alcanzando el 50,7% en el caso de la opción sin trasbordo, y entre un 45,7 y un 72,8% en los bonobuses con trasbordo, en función de si se hace uso de esa opción o no.

Por último, la tarjeta mensual es una modalidad existente en siete de las diez ciudades estudiadas en 2016. Sus precios oscilan desde los 30 euros de Huelva y Jerez, y los 41 euros de Granada. El precio medio es de 34,54 euros.

Bonificaciones especiales

Las diez ciudades andaluzas analizadas tienen tarifas especiales para jubilados y/o pensionistas que cumplan determinados requisitos, los cuáles varían de una ciudad a otra. Asimismo, todas disponen de precios especiales para jóvenes y/o estudiantes.

Por el contrario, sólo cuatro de ellas (Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla) disponen de precios bonificados para usuarios discapacitados, y tres (Jerez Málaga y Sevilla) para desempleados.

FACUA considera indignante la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

FACUA-Consumidores en Acción considera indignante la defensa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace en su informe de posición de las gasolineras desatendidas. Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo.

La asociación critica los argumentos falaces usados por Competencia en su análisis: dice que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso  son "un coste administrativo desproporcionado" para las gasolineras. Igualmente considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la  medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.

FACUA ve indignante que la CNMC fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de  protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad.   

La asociación considera preocupante, además, que con los niveles de desempleo que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores.     

La caída del precio, argumento artificioso

La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe se basa exclusivamente en el precio: las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor. Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector. 

La CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante y que no se van a resolver restringiendo los derechos de los consumidores y de colectivos vulnerables como las personas discapacitadas. 

Nada impide que las estaciones de marca y abanderadas abran estaciones desatendidas y que se  imponga un modelo basado en la precariedad de derechos  y en la desregulación en detrimento de los derechos de los consumidores, la seguridad y el empleo y todo esto, en un marco de precios libre marcado por una producción en régimen de oligopolio y con graves irregularidades de pacto de precios y otras prácticas ilegales.    

De otra parte, la CNMC reconoce que no hay datos oficiales sobre el número de estaciones desatendidas existentes en España y basa su informe en la información facilitada por la patronal de las gasolineras desatendidas (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas), algo que sesga el análisis y le resta rigor, valora FACUA.

Protección de los consumidores

La CNMC indica que contar con una persona en las instalaciones es una "imposición especialmente injustificada". La asociación recuerda que la ausencia de personal en las gasolineras provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son correctas (un derecho básico del consumidor cuando se le factura en función de la medida de un aparato), que los surtidores funcionan correctamente (deben estar homologados y verificados) , presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones, e implica mayores tiempos de reacción del responsable de la estación ante incidencias  que puedan afectar a la salud o seguridad de las personas. Respecto de estos derechos, ni están garantizados actualmente en las estaciones desatendidas, ni la solución pasa porque la  administración los sustituya por inspecciones periódicas que ni tan siquiera tiene capacidad de realizar.  

FACUA insiste  que las estaciones de servicio desatendidas suponen un atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos no está garantizada, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes. Estos establecimientos trasladan absolutamente la responsabilidad de la seguridad al consumidor.

Además, si la gasolinera no cuenta con personal se vulnera especialmente la protección de las personas con algún grado de discapacidad física, que se ven discriminados y obligados a buscar alternativas de uso. Esto atenta contra la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), que recoge, en su artículo 29.1, que "todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad".

Tampoco incorpora el estudio datos oficiales de resultados de inspecciones por comunidades autónomas y tipo o modalidad de gasolinera, ni indica si se han realizado estudios en profundidad sobre los niveles de seguridad en este sentido, lo que da idea del nivel de desconocimiento del grado de cumplimiento.

FACUA insiste en reclamar a las autoridades nacionales y autonómicas que primen la protección de los consumidores y la seguridad con inspecciones y controles que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente, así como medidas que frenen la proliferación de las gasolineras desatendidas, que vulneran de manera clara y flagrante la legislación vigente

FACUA recomienda a los usuarios que deseen pedir cita previa que utilicen los canales oficiales

FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios que deseen pedir cita previa ante un organismo oficial, para gestiones como renovar el DNI, realizar algún trámite en Hacienda o acudir a la ITV, que utilicen los canales oficiales para hacerlo. La asociación recuerda que en la mayoría de los casos estos números son gratuitos o utilizan los prefijos geográficos y por lo tanto tienen el mismo coste que una llamada local, mientras que un reducido número cuenta con prefijos 901, cuyo coste es compartido por el usuario y el organismo que recibe la llamada y 902, con el mismo coste que una llamada interprovincial.

FACUA alerta de la proliferación de páginas web que utilizan como reclamo para atraer la atención de los usuarios la gestión de la cita previa, y que en realidad lo que anuncian son números de teléfono de tarificación adicional que legalmente están habilitados para ofrecer información de abonados, esto es, para informar sobre qué número de teléfono es el que corresponde a un abonado.

Estos teléfonos, que comienzan por las cifras 118 (y suelen tener en total cinco cifras: 118XY) ofrecen un servicio de directorio. Cuando los usuarios llaman, pueden consultar los números de teléfono correspondientes a un abonado o a un servicio específico, como por ejemplo, el número de teléfono que deben usar para pedir una cita previa para renovar el DNI. 

FACUA advierte de que el precio de estas llamadas es muy elevado y pueden provocar una factura de teléfono muy abultada a los usuarios. Es por esto que la asociación recomienda consultar directamente los números de los organismos oficiales como Hacienda, las ITV o el servicio de expedición de DNI y Pasaporte de la Policía a través de sus propias páginas web o de otros servicios de información público, sin coste para el usuario.

Cuando se llama a estos números, se debe informar al usuario con una locución de ocho segundos del precio de la llamada y el nombre del proveedor de manera gratuita y antes de acceder al servicio. Además de facilitar esta información y responder a la consulta del usuario, pueden poner en comunicación al usuario directamente con el número que ha consultado.

FACUA denuncia a AliExpress por no respetar las garantías legales de venta en España

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la plataforma de venta en internet AliExpress, perteneciente al gigante de comercio electrónico chino Alibaba, por no respetar las garantías legales de venta en España. El portal anuncia desde hace algunos días un Almacén España en el que ofrece una garantía de devolución de siete días y un año de garantía para móviles, ambas prestaciones por debajo de lo que marca la legislación española.

La asociación recuerda que "el usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los artículos 107.2 y 108.2", según el artículo 102 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). Los costes previstos en los artículos mencionados se refieren al envío y a la pérdida de valor del artículo comprado en el caso de que haya existido una manipulación por parte del comprador.

Por otro lado, el periodo de garantía para los productos vendidos de acuerdo a la normativa española es de dos años, tal y como se recoge en el artículo 123.1 de la citada ley: "El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega".

La denuncia ha sido presentada ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).

La asociación indica que, de esta forma, AliExpress se dirige a los consumidores españoles a través de su portal web pero sin cumplir la normativa aplicable en este país y sin garantizar los derechos de los consumidores, al vulnerar tanto los plazos para el desistimiento en la venta a distancia como los plazos de garantía legal.

FACUA indica así mismo que en la web de AliExpress toda la información relativa a la atención al cliente (devoluciones, garantías, etc) no se ofrece en español, sino en inglés, con el consiguiente perjuicio para aquellos consumidores que necesiten información, quieran llevar a cabo una devolución, o tengan algún problema con su compra.

AliExpress opera en España desde hace cinco años. Es el tercer país en ventas para la compañía, por detrás de Rusia y EEUU.

La AEPD investiga a Movistar por recabar la geolocalización de sus clientes, tras la denuncia de FACUA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado expediente sancionador por la recogida irregular de los datos de geolocalización de los usuarios que está llevando a cabo Movistar,  denunciada por FACUA-Consumidores en Acción el pasado mes de junio.

La AEPD indica en el escrito en el que comunica la apertura de expediente que no se ha facilitado un medio sencillo para que el usuario pueda mostrar su rechazo a la recogida de los datos u oponerse a su tratamiento y uso. Además, Movistar no está facilitando información suficiente a sus clientes sobre para qué usará sus datos de geolocalización, durante cuánto tiempo los piensa almacenar, qué tratamiento va a dar a la información, etc.

FACUA entiende que los datos de geolocalización que se derivan el uso de los dispositivos móviles pueden revelar referencias íntimas y personales de especial protección en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La asociación considera que el acceso a dichos datos podría suponer que, en este caso, Movistar podría tener constancia si los usuarios acuden regularmente a algún centro médico, la sede de algún partido político, de un sindicato, de un templo religioso, o incluso a establecimientos que pudieran relacionarse con su vida sexual, información especialmente protegida.

A través de mensaje de texto

En su denuncia, FACUA también indica que Movistar comunicó a los usuarios mediante mensajes de texto, y no a través de un medio de comunicación fehaciente, que trataría tanto los datos relativos a la ubicación de sus dispositivos móviles (geolocalización) como los de su tráfico de internet con el fin de remitirles publicidad de productos de la propia operadora.

"Solicitamos consentimiento para tratar los datos de tráfico de internet y ubicación de las comunicaciones de su dispositivo móvil, con la finalidad de optimizar y mejorar la cobertura de sus servicios móviles, garantizar la seguridad de redes, sistemas y equipos mediante la prevención y defensa ante incidentes de ciberseguridad y comunicarles ofertas personalizadas sobre productos de Movistar", comunicó la compañía a sus clientes.

La advertencia indicaba a los usuarios que si "en el plazo de 30 días" no manifestaban su oposición, Movistar daba por hecho que consentían el tratamiento de sus datos. FACUA considera que este tipo de uso de datos personales requiere del consentimiento expreso de los afectados, ya que se trata del tratamiento de información personal especialmente protegida por la citada ley.

De igual forma, el procedimiento para rechazar el tratamiento de los datos es una llamada a un número de teléfono, el 224407, lo cual tampoco permite al usuario tener un comprobante de dicha desautorización
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