En estos días, siguiendo los protocolos aprobados por la Junta Directiva de la Asociación Defensa Ciudadana Activa, se ha procedido a remitir cuatro reclamaciones al Consejo de Transparencia de Andalucía por el abuso del silencio administrativo de la Diputación Provincial de Cádiz.
Los expedientes, que se remontan a diciembre de 2.016 en algún caso, han seguido los pasos habituales siendo reiterados hasta en cuatro ocasiones sin respuesta. Por ello además de advertir nuevamente al ente provincial sobre las infracciones cometidas, se han remitido a la institución autonómica conforme a la normativa vigente.
Además de ello, teniendo en cuenta la posible responsabilidad penal que ha remarcado el Defensor del Pueblo Andaluz en anteriores resoluciones por abuso del silencio administrativo, se han remitido igualmente cuatro quejas por esta situación, esperando que, aunque el Defensor del Pueblo Andaluz carece de mecanismos sancionadores, sea un llamamiento más de atención contra la opacidad del ente provincial.
Desde DCA se ha resaltado que "hasta la fecha la Diputación Provincial de Cádiz no ha contestado ninguna de nuestras solicitudes de información pública, por lo que esta situación debe acabar. Estamos cansados de tanta propaganda sobre transparencia cuando a la hora de la verdad sólo sale de sus paredes la publicidad institucional, ni un sólo documento sobre las situaciones que a diario padecen los ciudadanos", criticaron.
Además de los expedientes de queja y reclamaciones se han solicitado igualmente a la Diputación Provincial los oportunos certificados de silencio administrativo, "que debían haber enviado de oficio conforme a la normativa vigente pero, una vez más, se vienen negando sistemáticamente", según DCA.
El objeto de estos certificados no es otro que la solicitud de tutela judicial, compatible con las reclamaciones sobre transparencia, que permita posteriormente depurar responsabilidades e iniciar, en su caso, los correspondientes expedientes disciplinarios conforme al Estatuto Básico del Empleado Público. "Está claro que las normas no se están cumpliendo, pero de momento nadie ha asumido la responsabilidad cuando existen unos reglamentos claros. Por eso cuando una administración se enroca en el silencio como hace reiterada y sistemáticamente la Diputación Provincial de Cádiz, la vía judicial puede ser necesaria para depurarlas", finalizaron.